La Fiscalía presenta una denuncia por sedición en la Audiencia Nacional por el 1-O

La Fiscalía presentó este viernes en la Audiencia Nacional una denuncia por sedición por los altercados que se produjeron en las manifestaciones desarrolladas en Barcelona desde el miércoles, tras los arrestos y registros realizados en distintas empresas y despachos de la Generalitat por orden del Juzgado de Instrucción número 13. El juez Ismael Moreno, al que ha correspondido por reparto, será el encargado de admitirla a trámite este lunes.

La denuncia no se dirige contra nadie en concreto, aunque señala la intervención que tuvieron en las concentraciones el presidente de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos animaron a los participantes. El primero dijo: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos" y "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". El segundo se subió a un coche de la Guardia Civil para pedir que la protesta continuara.

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El texto no hace referencia alguna a la participación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en la celebrada frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, pero una hipotética imputación suya en este procedimiento lo arrastraría al tribunal superior catalán, ya que es aforada.

El escrito relata cronológicamente los altercados vividos en las concentraciones de los días 19 y 20. Cita los tiros al aire por parte de agentes para evitar un presunto ataque a un furgón en la sede de la CUP, los cometidos contra vehículos de la Guardia Civil y el acoso sufrido por la comisión judicial que participaba en el registro de la 'Conselleria' de Economia. La letrada de la Administración de Justicia (antes, secretaria judicial) tuvo que abandonar el edificio por la azotea y el juez Juan Antonio Ramírez se vio obligado a llamar al 'major' de los Mossos d'Esquadra para que se garantizase la seguridad de los agentes y funcionarios que formaban la comitiva.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que firma la denuncia, sostiene que este tribunal es competente para investigar la sedición, porque aunque ahora el Código Penal la integre en los delitos de orden público antes estaba junto a los que atentan contra la forma de gobierno, que sí le corresponden. Una explicación cuestionable que podría hacer que las actuaciones por sedición acabaran en el juzgado de Barcelona que ya tiene abiertas diligencias por el referéndum sobre la independencia de Catalunya del 1-O. De momento será el juez Moreno quien se pronuncie y él ya investigó por sedición al edil de Vic Joan RouraJoan Roura, aunque acabó enviando el caso a Catalunya, donde fue archivado.

La Fiscalía sostiene que los altercados colman el requisito de tumulto o de violencia que exige la ley para entender que existe sedición, delito penado con hasta 15 años de cárcel si lo cometen personas "constituidas en autoridad". 

Relato de hechos

El escrito fiscal detalla lo ocurrido en las distintas concentraciones desde que 400 personas, convocadas por redes sociales, se concentraron en la 'Conselleria' de Economía. Cuando había unas 2.000 personas, individuos no identificados "pincharon las ruedas de coches patrulla de la Guardia Civil" para impedir "su legítima actuación".

A las 11.45 horas la "turba entonaba cánticos dirigidos a la comisión judicial de 'Aquesta nit la passareu aquí", lo que obligó a que dotaciones antidisturbios de los Mossos se desplazaran hasta allí. La ANC repartió petos de color verde entre voluntarios que hicieron un cordón ante la puerta, entiende el fiscal, para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos.

Actuación ANC y Omnium

Tras señalar que en la sede del PSC se produjeron agresiones a militantes socialistas, dice que el cordón humano de la ANC sí permitió la salida de autoridades de la Conselleria, se colgó una pancarta y repartió bebida y comida. Hacia las 20 horas, el presidente de ANC dijo delante de 40.000 personas: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos"; "que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

A las 00.13 horas, el presidente de Omnium pidió que la movilización no se detuviera subido a un coche de la Guardia Civil. Posteriormente pidió que se disolvieran, pero ya era tarde; los mossos tuvieron que cargar para formar un cordón que permitiera a la Guardia Civil salir.

Según la Fiscalía, los altercados "estaban orientados a impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley", con "la finalidad última" de "conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España". Por eso pide que se pida un atestado a la Guardia Civil para investigar lo sucedido y descubrir a sus responsables.

Elemento tumultuario o violento

El relato realizado por la fiscalía justifica el elemento tumultuario o de violencia que exige actualmente el Código Penal para entender que ha producido un delito de sedición. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, explicaba en una entrevista a este periódico el miércoles que tras retirarse en 1995 de la legislación la sedición impropia, solo se puede investigar este delito, cuando se da ese requisito.

De hecho, este viernes, el Ministerio del Interior informó del envío de más guardias civiles y policías a Catalunya debido a las "movilizaciones tumultuarias de apoyo al referéndum ilegal" que se estaban produciendo. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, también ha insistido en ese matiz en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros, informa Pilar Santos. Méndez de Vigo ha dicho que el Gobierno sí ve ese requisito en las concentraciones, pero que debía ser "la fiscalía" la que considerara si se da o no. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya tenía abiertas diligencias por sedición y rebelión desde los tiempos en que estaba al frente de ella Javier Zaragoza. En ellas el pasado mes de abril había pedido información a varias empresas informáticas en relación con la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

Hasta 15 años de cárcel

El Código Penal incluye en los delitos de orden público los delitos de sedición, previsto para los que, "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

La pena prevista para los que "hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores" es de entre ocho y 10 años de cárcel. Si se trata de personas constituidas en autoridad se castiga con penas de prisión de entre 10 a 15 años. Fuera de estos casos, la pena fluctúa entre los cuatro y los ocho años.