El Govern disuelve la Sindicatura Electoral del referéndum catalán

El referéndum se queda sin árbitro. Ante la amenaza de multa del Constitucional de 12.000 euros diarios a cada uno de los siete integrantes de la Sindicatura electoral del 1-O, el Govern ha pedido a este organismo que dé el relevo a entes públicos, académicos e internacionales -todavía no concretados- para que sigan observando el desarrollo efectivo de la convocatoria. Aunque la versión oficial gubernamental es que lo ocurrido no es un revés, un representante del Govern consultado al respecto reconoce la dificultad que supone de cara a preservar las garantías del referéndum. Esta interpretación es similar a la que se traslada desde el alto tribunal, donde se entiende que sin el órgano observador no se respetará ni la propia ley con la que Parlament pretendía cimentar la consulta.

El organismo disuelto no contaba entre sus miembros con ningún representante de la judicatura, y su designación por parte de la mayoría soberanista del Parlament, una mayoría no cualificada, generó mucha polémica. Fuentes de la Sindicatura se felicitan de que, dada la ofensiva del Estado, hayan podido trabajar hasta este viernes, aunque admiten que quien decidirá ahora los posibles recursos de los ciudadanos convocados a formar parte de las mesas electorales será el Govern.

La Guardia Civil investiga los ataques contra sus coches y podría pedir responsabilidades

Ellos y los 15 miembros de las demarcaciones territoriales, para los que las multas previstas eran de 6.000 euros, comunicaron este viernes al tribunal su cese justo cuando cerraba el registro, una actuación por la que en el Constitucional se felicitan. Era el objetivo, aunque los autos también les ordenaran anular las órdenes que hubieran dado desde se suspendió todo lo relativo al referéndum y no lo han hecho. Estaba previsto que la próxima semana el tribunal volviera a reunirse, una vez recibidas las alegaciones de los síndicos y del fiscal, para ver si mantenía o levantaba las multas. Los miembros de la sindicatura temían que incluso pudieran ser ampliadas hasta los 30.000 euros.

Ante las multas coercitivas publicadas este viernes en el BOE, el Govern denunció "la ofensiva autoritaria" de los organismos políticos y judiciales del Estado contra un ente electoral elegido por el Parlament. Desde la Sindicatura se subrayaba que su intención era la de no pagar ni un euro "a un Estado que reprime como reprime". En cualquier caso, la liquidación de las cantidades impuestas por el alto tribunal se producirá una vez pasado el 1-O tras estudiar detenidamente caso a caso la actuación de cada síndico para determinar si deben ser multados y por cuántos días. Nunca se previó que tuviera que hacerse un pago diario a partir de este sábado.

Destitución de Jové

El anuncio de la disolución de la sindicatura se ha producido después de que el Govern, reunido de forma extraordinaria por la mañana, aprobara un decreto por el que cesaba al secretario general de Economía y número dos del departamento, Josep Maria Jové, detenido este miércoles por la Guardia Civil y puesto en libertad tras declarar ante el juez después. La decisión se tomó para proteger a Jové, a quien el Constitucional había incluido entre los destinatarios de las multas de 12.000 euros diarios. "La mejor manera de proteger a esta persona era decretar su cese", explicó el 'conseller' y portavoz Jordi Turull.

Turull negó la facultad del tribunal para imponer multas coercitivas. "Es imposible que las haga", dijo, y criticó que su intención sea, en su opinión, la de plantear la disyuntiva de "o te inculpas o multa cada día de miles de euros". El portavoz aseguró que se protegerá a todos los detenidos con asesoramiento jurídico y todo el apoyo que necesiten.

La que no ha sido cesada por el Govern es la jefa del Área de Procesos Electorales, Montserrat Vidal Roca, pese a que se encuentra en una situación similar a la de Jové, aunque la multa diaria a la que puede enfrentarse es de 6.000 euros. En su caso ha pesado que ella ya ha recurrido ante el propio Constitucional la medida coercitiva impuesta.