Operación anticorrupción en Girona por irregularidades en la época de Nadal y Puigdemont

Un juzgado de Girona y el fiscal anticorrupción José Grinda están desarrollando este martes una operación vinculada a las presuntas irregularidades cometidas en Agissa, la empresa mixta de abastecimiento de agua de la citada localidad, durante la etapa en la alcaldía del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y sus antecesores, los socialista Joaquín Nadal y Anna Pagans. El magistrado investiga un supuesto desvío de fondos de más de 15 millones de euros de la parte privada de la sociedad mediante facturas falsas, lo que puede haber contribuido a encarcer el precio final del servicio. Los hechos sucedieron entre 1998 y el 2013.

Tres todoterreno de la Guardia Civil y varios coches de camuflaje se han apostado pasadas las 9 de la mañana frente a la sede de la compañía de aguas, ubicada en la calle Ciutadans de Girona, y los agentes, junto al fiscal, han entrado en su interior para proceder al registro. También se ha requerido información al ayuntamiento. 

En total, están previstos 15 registros en el marco de la operación, bautizada con el nombre de Aquarium, que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona. Además de en Girona, la Guardia Civil realizará entradas en Fornells de la Selva, Bescanó y Navata. Las investigaciones, sobre las que se ha decretado secreto de sumario, se centran en diversas actividades presuntamente ilícitas entre las que destacan fraude y administración desleal en la gestión de la adjudicación del suministro de aguas.

Fuentes del consistorio han explicado que los agentes han pedido auditorías y actas de pleno, entre otros documentos, así como documentación sobre la gestión y la adjudicación del suministro de agua.

Asimismo, se han practicado registros en los domicilios de Narcís Piferrer, consejero delegado de Agissa; Xavier Ballell, sucesor de Píferrer y director técnico de Agissa cuando se produjeron los presuntos desvíos; el empresario Joan de Llobet, consejero de Agissa y en el despacho de abogados Sibilis.

La investigación del 3%

El Juzgado de Instrucción número 2 de Girona abrió en el 2016 una causa por el presunto desvío de fondos públicos en la concesión tras una denuncia presentada en el 2015 por la CUP contra el que era consejero delegado de Agissa Narcís Piferrer por un presunto delito de apropiación indebida. Según fuentes de la investigación, estas supuestas irregularidades comenzaron cuando el socialista Joaquim Nadal gobernaba en la ciudad y continuaron durante la alcaldía del ahora 'president' Puigdemont.

El pasado mes de julio, el juzgado de Girona incorporó a este proceso nuevos indicios que fueron hallados en la investigación que lleva un juez del Vendrell del 'caso 3%' sobre la presunta financiación ilegal de CDC. La decisión se produjo a petición de la Fiscalía Anticorrupción al detectarse en conversaciones telefónicas anomalías en Agissa y posibles subcontrataciones fraudulentas. Esta empresa está participada por el consistorio gerundense y la compañía privada Girona SA (80%).

En este procedimiento se investiga cómo los administradores y los gestoresn de Agissa supuestamente han llevado a esta empresa a endeudarse desproporcionalmente y, por tanto, a aumentar las cantidades que pagan por el agua las personas que residen en las poblaciones de Girona, Salt y Sarrià de Ter. Se trata de averiguar el agujero económico y si alguien se ha enriquecido. Los investigadores creen que la empresa repartió dividendos inexistentes mediante facturación falsa y maquillando gastos. También se investiga a la sociedad Prodaisa.

Críticas del PDECat, ERC y la CUP

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, del PDECat, ha calificado de "show" la presencia de la Guardia Civil en el consistorio. "Debo confesar que estábamos esperando a ver qué día entraría la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Girona desde que empezó la convocatoria del referéndum". Madrenas ha explicado que una parte de la información que se les ha requerido se remonta a 1992 y que ya estaba en posesión del instituto armado, otra se les había pedido hace 15 días y se estaba remitiendo a través de vías convencionales, y el resto está disponible en internet.

Por su parte, el diputado de ERC en el Parlament Jordi Orobitg ha considerado esta operación como un "intento" de "contaminar políticamente la campaña" del 1-O, aunque ha matizado que su partido es favorable a que se investiguen todas las irregularidades y los casos de presunta corrupción.

"No nos parece inocente", ha añadido el concejal de la CUP en Girona Lluc Salellas, que ha considerado que las actuaciones de este martes son una "utilización interesada" en contra del referéndum independentista del 1-O. Salellas ha recordado que su partido interpuso la denuncia en el 2015 y ha considerado que en dos años "ha habido suficientes indicios y pruebas sobre la mesa para que los registros que se están haciendo" se hubieran hecho antes.