QUEJA RECHAZADA

La Defensora del Pueblo Europeo no investigará la denuncia del Síndic de Greuges sobre el 1-O

Rechaza analizar la acusación de vulneración de derechos y libertades porque "no se trata de ninguna queja a una institución de la UE"

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, junto al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, junto al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. / periodico

ACN / Bruselas

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La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha rechazado investigar las "vulneraciones de derechos y libertades en Catalunya y el Estado" denunciadas por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a través de una carta que le hizo llegar el pasado sábado. También ha mostrado su negativa la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.

Según recoge la web del Defensor del Pueblo Europeo, empresas, oenegés, asociaciones, universidades, municipios, grupos de interés u otros organismos pueden presentar reclamaciones "relativas a casos de mala administración por parte de las instituciones, órganos y organismos de la UE". En este sentido, especifican que su mandato "no está facultado" para investigar reclamaciones contra autoridades "nacionales, regionales o locales" de los estados miembros, ni tampoco de los tribunales o los defensores del pueblo de estos, como es el caso que denuncia Ribó.

La Agencia de Derechos Fundamentales también confirma que ha recibido la misiva del Síndic. Fuentes del organismo han explicado a la ACN que según su reglamento, "tiene que adoptar medidas para sensibilizar al público en general sobre sus derechos fundamentales y sobre las posiblidades y los diferentes mecanismos para aplicarlos en general sin, no obstante, tratarse de reclamaciones individuales. Así, consideran la misiva del Síndic de Greuges como una queja individual y recuerdan que la agencia no tiene el mandato para "abrir un proceso". De hecho, según especifica su misión, la agencia proporciona a las instituciones de la UE y a los estados miembros "asesoramietno independiente basado en la evidencia sobre los derechos fundamentales" con el objetivo de "contribuir a garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales en toda la UE".

La misiva de Ribó también iba dirigida al comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, a todos los defensores del pueblo europeos, al Defensor del Pueblo español y a los autonómicos.