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el frente judicial

El fiscal general ordena imputar a los alcaldes que colaboren con el referéndum unilateral

Maza pide a las fiscalías abrir diligencias contra los regidores que incumplan la suspensión del TC

Puigdemont califica de "barbaridad" la decisión y anuncia que se manifestará junto a los alcaldes

Ángeles Vázquez / Madrid

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. / FERNANDO VILLAR/EFE

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido aumentar la presión sobre los dirigentes políticos que apoyen el 1-O para que sean muy conscientes de a qué se arriesgan si desobedecen la suspensión del Tribunal Constitucional. Bajo los focos están ahora los alcaldes que aparecen en la lista de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) como firmantes del decreto en el que ponen a disposición del Govern sus locales. Este miércoles, Maza ordenó a las fiscalías de Catalunya abrir diligencias de investigación a todos ellos para tomarles declaración como imputados "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización ilegal" que hayan realizado. 

El listado de la AMI en el que se basa el ministerio público incluye a 712 municipios de los 948 que hay en Catalunya. Y ese es el número de diligencias por abrir, sin perjuicio de las que también se inicien contra todos aquellos que apoyen la consulta de otro modo aunque no hayan firmado el decreto. Solo la cifra ha hecho saltar las alarmas sobre la carga de trabajo extra que esta actuación supondrá para el ministerio público y, más adelante, para los juzgados de Catalunya. Ellos serán los encargados de realizar la imputación formal de los regidores tras admitir las querellas con las que se culminarán las diligencias fiscales, cuando se entienda que efectivamente ha habido delito de desobediencia, prevaricación o malversación.

La única medida incluida en la circular en este sentido es que las diligencias se inicien escalonadamente, empezando por los municipios de mayor población. En la relación aparecen, entre otros, Girona, Vic, Martorell, Manresa, Igualada, Berga y Tortosa. Fuentes fiscales han señalado que no es necesario que todos los alcaldes declaren antes del 1 de octubre ante el fiscal, porque el objetivo es que "ningún delito quede impune" y "nadie crea que está por encima de la ley", lo que también se conseguirá actuando contra ellos después del día previsto para el referéndum.

Una "barbaridad"

El 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado de "barbaridad" la decisión de la fiscalía y ha anunciado que estará al lado de los 712 alcaldes que han convocado este sábado una concentración de protesta en la plaza Sant Jaume de Barcelona. "Estamos a su lado, esto es una barbaridad, ¿Dónde en el mundo occidental o europeo alguien puede pensar que deteniendo, en el peor de los casos, a los 75% de alcaldes contribye a solucionar el problema?". Puigdemont ha añadido: "Es una causa general que recuerda políticas impropias de una democracia". El president, en una entrevista en TV-3, mostró su convencimiento de que pese a las actuaciones judiciales, el referéndum será una realidad el proximo 1 de noviembre. En todo caso, no descartó que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda plantearse aplicar el artículo 155 de la Constitución, el que permitiría suspender la autonomía catalana. "Puede ser que hagan esto, lo que quieran, pero el día 1 votaremos", añadió.

Recelos políticos

En el Congreso, la mayor parte de los grupos de la oposición han mostrado sus reservas o han criticado con dureza el nuevo movimiento fiscal. El PSOE y el PSC apoyan la decisión de Maza, pero el primero duda de que el ministerio público cuente con los medios suficientes para llevarla a cabo. ERC y PDECat, en cambio, han liderado la petición, a la que también se han sumado EH Bildu, Compromís y el PNV, para que el fiscal general del Estado comparezca en la comisión de Justicia del Congreso para rendir cuentas de su iniciativa, informa Juan Ruiz Sierra. Además, el PDECat recuerda que alrededor de una veintena de alcaldes son también diputados, por lo que cuentan con una inmunidad que obliga a solicitar el suplicatorio a la Cámara a la que pertenezcan antes de actuar contra ellos, informa Pilar Santos. La Fiscalía optará por tomarles declaración en último lugar.

La realidad es que es imposible saber con exactitud cómo se va a gestionar una instrucción fiscal que puede tener graves efectos para los alcaldes implicados, ya que se enfrentan a delitos penados con inhabilitación; la malversación podría acarrearles hasta ocho años de cárcel, pero este solo se impondría si se entiende que han dispuesto de fondos públicos para la realización de actividades delictivas. En cualquier caso, una condena por inhabilitación supondría, sin necesidad de que sea firme, que no puedan ser candidatos en las próximas elecciones municipales. Según la ley electoral, su inclusión en una lista conllevaría que esta quede contaminada y sea excluida de los comicios, aunque ni la encabecen.

Policías locales

Lo que sí deja claro la instrucción es que en el caso de que un regidor no comparezca al llamamiento se procederá "a acordar su detención y presentación en Fiscalía". El arresto deberán realizarlo "en el plazo más breve posible" los Mossos d'Esquadra, que este miércoles trasladó a sus responsables provinciales la orden de que deben impedir el 1-O.

El protagonismo que la instrucción da a los policías locales, a los que encarga la citación de los alcaldes, se ha completado con un oficio de las fiscalías provinciales catalanas en el que incluyen a este cuerpo en la labor ya encomendada a los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil para prohibir la consulta. La orden, dictada después de una petición expresa en este sentido del sindicato CSIF, ordena a la Policía Local "practicar de forma inmediata las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles, así como cuantas le encomiende el fiscal".

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