La fiscalía ordena a Trapero que los Mossos "requisen urnas" e impidan el referéndum unilateral

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha reunido este martes al 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los máximos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el comisario Sebastián Trapote y el general Ángel Gozalo Martín, respectivamente, para comunicarles las órdenes del fiscal general del Estado de impedir cualquier acto de preparación del referéndum independentista del 1-O para evitar la "consumación del delito". En este sentido, les ha informado de la obligatoriedad de "requisar urnas", sobres electorales, manuales, propaganda y elementos informáticos destinados a la celebración de la consulta unilateral.

Ante estas órdenes, el Govern ha ejercido ya de forma poco disimulada la desobediencia. A primera hora de la mañana y antes de la reunión de la fiscalía, el 'president' Carles Puigdemont, preguntado en Rac-1 sobre qué hará la policía autonómica si se le pide que retire las urnas, ha contestado: "Los Mossos tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente. El 1-O garantizarán la seguridad de la gente. La policía no ha de hacer política".

El mandatario catalán ha reclamado "dejar tranquilas" a las policías catalanas, tras lo que ha añadido: "Habrá 6.000 urnas por el territorio, y entre escoger retirar urnas o velar por la seguridad, creo que las policías, todas, tienen prioridades en la vida. Retirar una urna no es perseguir un delito, organizar un referéndum no es un delito".

Cuestión de prioridades

Horas después, tras la reunión de Trapero en la fiscalía, el portavoz del Govern, Jordi Turull, ejecutaba la misma reflexión que Puigdemont en un tono de desacato evidente a las instrucciones judiciales: "La prioridad del Govern y su policía es luchar contra el terrorismo. La confianza en las decisiones que tome el 'major' Trapero es total y absoluta. Es mucho más efectivo y útil que dediquemos tantos efectivos como podamos a la lucha contra el terrorismo". 

En la instrucción de la Fiscalía General del Estado se ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o "particulares en connivencia con aquellos" dirigidos a preparar y celebrar el "referéndum de autodeterminación ilegal".

Trapero ha accedido a la sede de la fiscalía, en la calle de Pau Claris de Barcelona, poco antes de las doce del mediodía, hora a la que había sido citado con los dirigentes del resto de cuerpos de seguridad. Numerosos fotógrafos y cámaras de televisión esperaban su llegada. Otros mandos policiales citados a la reunión, que ha consistido simplemente en comunicar oficialmente la decisión de la fiscalía general y ha durado apenas media hora, han preferido acceder en coche por el párquing de la fiscalía. "Ha sido una reunión formal. No ha habido ningún comentario. Cada uno sabe lo que tiene que hacer", ha asegurado a este diario una fuente presente en la reunión.

"Medidas necesarias"

La Fiscalía General del Estado dictó el pasado jueves un oficio en el que ordena a las fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya que tomen las "medidas necesarias" para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum unilateral "ilegal". Para ello, les conmina a intervenir efectos e "instrumentos" destinados a tal fin. Si es necesario, pide a los agentes que requieran autorización judicial para posibles entradas y registros y redactar atestados ante cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios o particulares.

Al entender de la fiscalía, la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva al menos de los delitos de desobediencia (penado con multa e inhabilitación especial), en cuanto supondría un incumplimiento manifiesto de las resoluciones del Constitucional; prevaricación (castigado con inhabilitación especial), al adoptarse resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico, y malversación de caudales públicos (supone un condena de hasta ocho años e inhabilitación absoluta por hasta 20 años), en tanto se dispondría de fondos públicos para la realización de actividades delictivas. Los Mossos han evitado pronunciarse sobre la orden de la fiscalía.

En la línea de lo reclamado por la fiscalía, la semana pasada se registraron una imprenta de la población tarragonense de Constantí y una publicación local de Valls, 'El Vallenc' que podrían estar relacionados con la edición de documentos para la celebración del referéndum.

A última hora de este martes, sin embargo, ha trascendido una orden directa del 'major' Trapero a todos los agentes de los Mossos d'Esquadra para que acaten las instrucciones de la fiscalía e investiguen e impidan los preparativos del referéndum del 1-O.