El Gobierno advierte a Mossos y a alcaldes de que deben impedir el 1-O

Tras solicitar al Tribunal Constitucional (TC) que aperciba a los <strong>alcaldes</strong>, el Gobierno insistió este viernes en recordar a los regidores catalanes la necesidad de que “cumplan la ley”. Consciente de que si un conjunto significativo de los ayuntamientos dan la espalda a Carles Puigdemont, como ha hecho este viernes Barcelona, este puede que pise el freno en la deriva independentista, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó que tanto los cargos políticos como todos aquellos ciudadanos que den su apoyo a la Generalitat serían “colaboradores necesarios” en la comisión de un delito y, por tanto, “tendrán que atenerse a las consecuencias”. Por el momento, 520 municipios de más de 900 ya han dado su apoyo al 1-O.

Por otro lado, Méndez de Vigo recordó que los Mossos es la policía “de todos los catalanes” e instó al cuerpo de seguridad a que cumpla la orden de fiscalía de abrir atestados contra todo aquel que incumpla la suspensión del referéndum acordada por el TC.

El portavoz gubernamental hizo estas advertencias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que facultó a Mariano Rajoy a impugnar la <strong>ley de transitoriedad</strong>, una vez que el Govern dé el paso de publicarla, condición necesaria para su entrada en vigor. Asimismo, autorizó la interposición de un recurso contra un artículo de la ley del código tributario, que prevé la puesta en marcha de una hacienda catalana. El cerco culminó los cuatro recursos que un Consejo de Ministros extraordinario dio luz verde el jueves, con la vista puesta en frenar la consulta.

"Bajar el suflé"

Tras la envolvente judicial, la intención del Ejecutivo pasa ahora por “bajar el suflé”, según fuentes gubernamentales. Los de Rajoy siguen sin dar pistas de cuál será su estrategia a seguir, más allá de admitir que “no renuncian” a nada, incluida la intervención de la autonomía a través del artículo 155 de la Constitución. Aún así, subrayan que la respuesta será “moderada y proporcionada”, para “limitar los daños” y no aumentar el “clima de confrontación y división”.

Y es que el portavoz reconoció que al Gobierno le preocupa que la paralización del 1-O, a las puertas de la Diada, provoque actos de “violencia”. De ahí que, hasta en tres ocasiones, hiciese un llamamiento a la “concordia” y pidiese a la sociedad catalana que “rechace que los extremismos provoquen altercados”.

En este contexto, volvió a cargar contra la CUP y aseveró que los dirigentes catalanes, de la mano del partido anticapitalista, se dirigen “sin complejo alguno” hacia una “dictadura”.