EL ÓRDAGO SOBERANISTA

Más leña en el frente judicial por el 1-O

Joan Ignasi Elena, que fue portavoz del Pacte Nacional pel Referèndum, tras salir de declarar del cuartel de la Guardia Civil de Barcelona, el pasado 27 de julio.

Joan Ignasi Elena, que fue portavoz del Pacte Nacional pel Referèndum, tras salir de declarar del cuartel de la Guardia Civil de Barcelona, el pasado 27 de julio. / CHRISTIAN MORALES

Pilar Santos / Madrid / J. G. Albalat / Fidel Masreal / Barcelona

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A falta de política entre la Generalitat y el Gobierno central, ambos contendientes siguen con su enfrentamiento abierto por la vía judicial por querer celebrar e impedir, respectivamente, el referéndum unilateral del 1-O. El conflicto se recrudece por momentos porque todo indica que el Consejo de Ministros llevará este viernes al Tribunal Constitucional la reforma parlamentaria para la desconexión exprés, mientras la Guardia Civil sigue investigando a cargos no solo del Govern y este se prepara para denunciar al juez instructor entre otras cosas por dilatar el secreto del sumario "injustificadamente".

El Consejo de Estado ha debatido a primera hora de este jueves la reforma del reglamento del Parlament, tal como le pidió el Gobierno central, y ve fundamentos jurídicos para recurrirla ante el Constitucional. Así las cosas, lo más probable, según fuentes de la Moncloa, es que el Consejo de Ministros de este viernes decida presentar el recurso. Ciutadans y el PPC seguirán el mismo camino.  

En concreto el Consejo de Estado considera, por unanimidad, que la modificación en las normas vulneran el derecho de participación política en condiciones de igualdad que está reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, informa Efe.

Más interrogatorios

Mientras el Consejo de Estado estudiaba la reforma del reglamento del Parlament en Madrid, en el cuartel de Travessera de Gràcia de Barcelona la Guardia Civil seguía tomando declaración a responsables del Govern y ha inculpado al director general de comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, a raíz de las investigaciones que está realizando por los preparativos del referéndum del 1-0. Clotet ha sido citado como testigo, pero en el transcurso del interrogatorio se le ha comunicado que se le cambiaba la condición a investigado y se le ha requerido que llamara a un abogado. Tras ello, el director general se ha acogido a su derecho a no declarar. Con este alto cargo ya son dos los inculpados policialmente: el miércoles pasó lo mismo con el secretario general de Presidència, Joaquim Nin.

Después ha sido interrogado como testigo el exportavoz del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR), Joan Ignasi Elena. Tras declarar,  Elena ha denunciado que el Gobierno utiliza los "instrumentos del Estado" para "perseguir y destruir" la disidencia política. "Hay que decir basta. Esto no va de independencia, de opinar de una forma u otra, va de democracia y de respeto a la diferencia", ha exclamado.

Las pesquisas de la Guardia Civil se enmarcan en la causa que tramita el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, por las palabras pronunciadas en algunas conferencias por el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal en las que afirmó que el Govern había obtenido datos fiscales de todos los catalanes “de forma ilegal” y que había una partida "camuflada" en los presupuestos de 400 millones para organizar el referéndun. Por ahora, en esta causa solo constan como investigadas (antes imputados) tres personas: el propio Vidal, el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi-Suyer, y el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvador.

Además, los interrogatorios de funcionarios que está realizando la Guardia Civil desde hace meses son meramente policiales. Eso sí, el juez encargó a los agentes que investigaran los hechos y, sobre todo, esa partida de 400 millones "camuflada". En este sentido, el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, ha tuiteado la citación de un funcionario en la que figura que las pesquisas fueron ordenadas por el juez. Una de las líneas de investigación es la creación de la página web por parte de la Generalitat y que después fue traspasada al PNR. Los investigadores sospechan que se costeó con esa partida escondida.

Los servicios jurídicos de la Generalitat estudian denunciar la investigación de la Guardia civil contra miembros del Govern por el referéndum convocado para el próximo 1-O. Según fuentes gubernamentales, existen bases "muy sólidas" para actuar judicialmente por la reiterada prolongación "injustificable" del secreto de sumario. De hecho,  el juez instructor del proceso ha acordado este jueves prorrogar por un mes el secreto de las actuaciones, lo que permitirá a la Guardia Civil continuar con las pesquisas durante el mes de agosto y situarse casi a las puertas de la Diada.