EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA
Puigdemont: "Si el Constitucional me inhabilita, no aceptaré esta decisión"
El Govern y en especial el 'president' Carles Puigdemont prosiguen con su estrategia de anuncios de futuras desobediencias para llevar a cabo el referéndum. Con todo, la táctica mantiene un punto de prudencia y este lunes el responsable de Hacienda del Govern ha confirmado que harán caso al Gobierno y le informarán semanalmente de los gastos del Govern y le enviarán la relación de interventores de toda la Administración catalana. El ministerio que dirige Cristóbal Montoro, en su propio plan de presión, ha dado 24 horas a la Generalitat para que demuestre que no se han desviado 6.150 euros para el referéndum y ha avisado por carta de posibles responsabilidades administrativas y penales. En seguida, el Govern respondió que ese dinero "no tiene nada que ver" con el referéndum y que es gasto "corriente" que responde al mantenimiento de un sistema de gestión de un organismo que depende del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).
Lo más relevante en términos de desacato han sido las palabras de Puigdemont en una entrevista en el diario francés 'Le Figaro'. El jefe del Govern asegura que si el Tribunal Constitucional (TC) le "inhabilita, como puede hacer", no aceptará la decisión. "Solo el Parlament me puede suspender", desafía el 'president'. Fuentes cercanas a Puigdemont sostienen que lo extaordinario sería que anunciara lo contrario, su intención de obedecer al Alto Tribunal.
Respecto a las posibilidades que tiene el TC de ejecutar esa medida cabe recordar que la Comisión de Venecia, en su informe crítico sobre la reforma exprés del TC que se llevó a cabo gracias a la mayoría absoluta del PP en el 2015, los juristas ya advertían de los problemas que se podían derivar si un político desoía de manera reiterada los mandatos del Constitucional. La comisión recomendaba aclarar esas "cuestiones prácticas", informa Pilar Santos.
Convencido del poder de la movilización soberanista en caso de freno al 1-O, Puigdemont avisa en la entrevista de que "una inmensa mayoría del pueblo catalán quiere votar" y que suspendiéndole o expulsándole de su despacho, "Madrid no va a anular esta voluntad". "No existe un poder suficientemente fuerte para cerrar el gran colegio electoral que será Catalunya", agrega.
Por si no queda claro el desafío, Puigdemont también sostiene lo que el soberanismo en su conjunto lleva semanas planteando en términos de desobediencia, y es que no piensa renunciar al reférendum "aunque lo prohíba el TC" y afirma que lo desoirán si suspende la ley del referéndum.
HABRÁ COLEGIOS "U OTROS LOCALES"
También la nueva 'consellera' de Ensenyament, Clara Ponsatí, ha aprovechado una entrevista para mantener este lunes la linea de autoafirmación frente al Estado. Ponsatí ha asegurado que el Govern garantizará que haya puntos de votación el próximo 1-O. "Habilitaremos locales que pueden ser escuelas u otros locales", ha aseverado en TV-3.
OBEDIENCIA ANTE HACIENDA
Paralelamente a estos ejercicios de desafío verbal al Estado, el Govern mantiene un margen de prudencia en relación a las exigencias que va planteando el Gobierno del PP para cortocircuitar la consulta. Es el caso de la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes de exigir un informe semanal al Govern sobre todos sus gastos para verificar que ningun euro va destinado al referéndum. Y en caso contrario amenazar con cortar el sumnistro del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Pues bien, el responsable de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, ha admitido en Catalunya Radio que se cumplirán las exigencias estatales. Tanto respecto a que se detallen los gastos como a que se envíe al ministerio la lista de todos los interventores del Govern y las empresas autónomas.
En paralelo a todo ello, el Govern se prepara también para las próximas elecciones al Parlament, pues el 'BOE' ha publicado este lunes la finalización del proceso por el cual se homologan las empresas suministradoras de papelería para este tipo de convocatorias. Es el paso previo a la compra definitiva de las papeletas y sobres para unos comicios que como muy tarde deberían celebrarse en la primavera del 2018, según los planes gubernamentales.
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