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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

El elefante está listo

Rajoy tiene preparadas todas las herramientas del Estado de Derecho para frustrar el referéndum del 1-O

El Ejecutivo central teme que con un Govern "independentista" se complique la respuesta "proporcional" al desafío

Pilar Santos

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Soraya Sáenz de Santamaría asiste a una rueda de prensa de Mariano Rajoy en el Congreso, en una foto de febrero del 2016, en plenas negociaciones para formar Gobierno.  / JOSÉ LUIS ROCA

“El Estado de Derecho tarda mucho en moverse, pero es como un elefante y, cuando el Estado de Derecho empieza a moverse, no se para y va en contra de los que vulneran la ley”. La frase se la dice a menudo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a los colaboradores con los que analiza el desafío independentista. Y ese elefante, afirma uno de ellos, está preparado ante los posibles pulsos que quiera echar a partir de ahora el Gobierno monolítico que han esculpido Oriol Junqueras Carles Puigdemont para organizar el referéndum anunciado para el 1 de octubre.

Los relevos en el Ejecutivo catalán preocupan en la Moncloa, porque los daños del choque de trenes serán muy diferentes si el impacto es a 50 km/h o a los 310 km/h que llega a alcanzar el AVE entre Madrid y Barcelona. Mariano Rajoy, la vicepresidenta y el resto del Gabinete han insistido estos últimos meses en que la respuesta del Gobierno central a la vulneración de la ley será “prudente” y “proporcional”, pero un ministro no disimulaba el viernes que, ante un “ejército de fieles independentistas”, el Gobierno central sabe que es más difícil “medir la respuesta”. Porque la va a haber, insisten en el Ejecutivo y también en Génova. Rajoy no puede permitirse otro simulacro como el del 9-N. Un sector de su partido no entendió entonces que dejara colocar las urnas y lo entendería menos si se hiciera por segunda vez.  

LA ABOGACÍA DEL ESTADO

El Gobierno sigue con lupa cualquier decisión de la Generalitat. El equipo de Sáenz de Santamaría remite todos los textos y decisiones del Ejecutivo catalán a la Abogacía del Estado para que esta determine la respuesta jurídica. Es lo que hará este martes, si en la reunión del Consell Executiu, Junqueras y el ‘conseller’ de Exteriors, Raül Romeva, cumplen con lo anunciado y piden asumir la compra de urnas para el referéndum. Si hay “un acto administrativo en firme”, el Gabinete de Rajoy lo podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional. Además, está abierta la vía de la fiscalía, que se querelló contra la ‘consellera’ de Governació, Meritxell Borràs, por licitar la compra de urnas. Fuentes de la Moncloa sospechan, no obstante, que Junqueras seguirá haciendo “anuncios” para evitar que el Estado de Derecho pueda actuar.

LAS HERRAMIENTAS

Sobre la mesa, Rajoy tiene un amplio abanico de herramientas. Varios ministros insisten estas últimas semanas en que no será necesario utilizar el artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir competencias concretas como, por ejemplo, los Mossos o Educación. Nunca desde que se aprobó la Carta Magna ese artículo se ha aplicado de manera completa. “Esperamos que no se llegue a ese punto de ruptura, aunque es cierto que ese artículo es un arma más y está ahí”, avisa un colaborador de Santamaría antes de aludir a la metáfora del elefante. 

Un colaborador de Santamaría espera que no se llegue a tal "punto de ruptura" como para aplicar el 155

Tampoco creen en la Moncloa que sea útil la ley de seguridad nacional, cuyo “espíritu” está pensado para combatir el terrorismo global. Más partidarios se muestran de apoyarse en el Tribunal Constitucional, como hasta ahora. Es lo que hizo el Ejecutivo con las partidas reservadas en los Presupuestos catalanes para llevar a cabo el referéndum.

Con la reforma exprés de hace dos años, el Constitucional puede tomar medidas cautelares para que se obedezcan sus resoluciones y, en última instancia, suspender de sus funciones a los altos cargos. El Constitucional puede establecer multas coercitivas (de hasta 30.000 euros a “autoridades, empleados públicos o particulares”) y puede reiterar esos pagos hasta “el cumplimiento íntegro de lo mandado”. El peligro de ver menguar el patrimonio acecha por varias vías.  Además, si la desobediencia se mantuviera, este tribunal podría pedir “el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos” en Catalunya.

AVISOS A FUNCIONARIOS Y ALCALDES

El choque entra las dos legalidades que se dará si la Generalitat aprueba sus propias normas para dar cabida al referéndum pondrá en aprietos a los funcionarios. La semana pasada, el Gobierno central recordó a los secretarios e interventores que el Constitucional ha prohibido “cualquier acto preparatorio” del 1-O. 

En la Moncloa creen que Junqueras no asumirá la compra de urnas y seguirá con los «anuncios»

Y a los alcaldes la Moncloa les ha refrescado que pueden ser denunciados por sus conciudadanos por falta de neutralidad con la ley de transparencia en la mano y que la ley de protección de datos incluye multas por ofrecer información personal (censo) para un fin ilegal (de hasta 600.000 euros). Otra vez el patrimonio.

LA REFORMA DEL PSOE

El PSOE, mientras tanto, ha anunciado que no apoyará la aplicación del artículo 155 y que apuesta por reformar la Constitución para dar una “solución política” y evitar la ruptura. Según fuentes gubernamentales, Rajoy no participará ahora de ningún debate sobre la Carta Magna porque no quiere dar la impresión de que cede al chantaje. Los socialistas no necesitan al PP para abrir la discusión en el Congreso si tienen el apoyo de Podemos y Ciudadanos. Según como sea el choque, el 2 de octubre el presidente se deberá replantear la situación y decidir si se suma a la mesa.

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