EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

El sindicato de funcionarios instruye sobre cómo actuar ante el 1-O

La CSIF expone en un folleto a los empleados de la Generalitat qué hacer si reciben una "orden ilegal"

Reunión de la ANC y la Intersindical con funcionarios, el lunes, en Barcelona.

Reunión de la ANC y la Intersindical con funcionarios, el lunes, en Barcelona. / periodico

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La Central Sindical Independiente de Funcionarios de Catalunya (CSIF), sindicato que cuenta con unos 8.000 afiliados y su mayor representación está en la Administración de Justicia y prisiones, ha editado un folleto explicativo que se ha empezado a difundir entre los trabajadores públicos de la Generalitat en el que ofrecen consejos para evitar cualquier "orden ilegal" que puedan recibir por parte del Govern cara a la celebración del referéndum unilateral anunciado para el 1 de octubre.

En un comunicado, el sindicato explica que el panfleto se ha elaborado con el fin de "proteger a los empleados públicos" mediante un modelo de "pregunta-respuesta" que les ayuden a resolver las dudas que, según dicen, ya "está generando este proceso". El título del folleto es '¿Cómo actuar ante una orden ilegal?', haciendo alusión a la consulta. Algunas de las preguntas a las que pretenden dar respuesta son cómo identificar una orden "manifiestamente ilegal", qué hacer en esa situación o cómo actuar si un superior insiste en que se cumpla.

Un ejemplo: “¿Cómo identifico una orden manifiestamente ilegal?” se pregunta el folleto, en un folio que consta de tres preguntas y datos de contacto. “Empieza a sospechar cuando haya contradicciones entre el criterio del Gobierno central y el de la Generalitat”, responde el texto. “Cuando recibas una orden que te provoque dudas, pídela por escrito a tu superior lo antes posible. De esta manera te cubres las espaldas”, recomienda CSIF.

CAMPAÑA IN CRESCENDO

El cuadernillo ya se ha empezado a repartir, según explican, en un "marco" de una "campaña de protección y asesoría legal" enfocada en los empleados públicos. Y afirman que esta se "intensificará" durante el mes de septiembre, en el que la campaña incluirá charlas en los distintos centros de trabajo. El presidente de la CSIF, Joan Escamilla, ha reconocido en una entrevista en la COPE que no le tranquiliza que la Generalitat afirme que protegerá de las responsabilidades penales a los empleados que participen en el referéndum. Asimismo, ha afirmado que "ponen en riesgo" su "seguridad jurídica".

"En este choque de trenes estamos encadenados a la vía, por ambos lados vamos a recibir", ha afirmado. En ese sentido, ha recordado que han preparado "un protocolo de actuación" para informar a los funcionarios de las actuaciones y órdenes ilegales que puedan recibir por parte del Gobierno catalán. En un caso como ese, Escamilla recomienda "pedir la orden por escrito, ponerlo en conocimiento de la inspección de servicios y, en función de la respuesta, llevarlo a la Fiscalía". "No habrá ningún funcionario por nuestra parte que no tenga nuestra cobertura", ha asegurado.

Además, ha insistido en que todo funcionario, al hacerse cargo del puesto, tiene que "jurar y prometer la Constitución". A su juicio, es una "desfachatez" que la Generalitat haya declarado ante el Tribunal de Cuentas que los funcionarios apoyarán el 9-N: "Si esta es la manera de defendernos, mejor que no nos defiendan", ha zanjado.

CATAC TAMBIÉN

La guía llega casi una semana después de que otro sindicato de funcionarios, CATAC, mayoritario en el sector de la enseñanza, enviara una circular similar a sus afiliados en la que se les invitaba a recurrir a la fiscalía si se recibe una orden que pueda ir contra la ley. El sindicato emitió esta circular después de que la Guardia Civil interrogara a varios funcionarios.

En paralelo, UGT y CCOO también han lanzado esta semana un toque de alerta a la Generalitat por el blindaje de los funcionarios ante el 1-O. Ambos sindicatos quieren que la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, convoque el Consell de la Funció Pública para que explique oficialmente la protección prevista para los trabajadores públicos. Desde UGT no ven “garantías ni seguridad jurídica” en la ley del referéndum.