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El Supremo rechaza la denuncia de Homs contra Rajoy

No considera constitutivo de delito el incumplimiento de las sentencias de TC alegado

El exdiputado de PDECat se basa en la propia sentencia del alto tribunal que le condenó

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Mariano Rajoy, en Bruselas

Mariano Rajoy, en Bruselas. / Geert Vanden Wijngaert (AP)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la denuncia presentada por el exdiputado del PDECat Francesc Homs contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por desobediencia o prevaricación por haberse negado a acatar pronunciamientos del Tribunal Constitucional. El alto tribunal, que condenó al 'exconseller' a 13 meses de inhabilitación por desobedecer las sentencias del TC, rechaza la denuncia al no considerar que los hechos sean constitutivos de delito.

En su auto, la Sala destaca que en la denuncia de Homs no se aporta indicio alguno sobre el supuesto delito de desobediencia. Añade que, en modo alguno, el contenido de las resoluciones del Tribunal Constitucional que se citan por el denunciante permiten apoyar, ni siquiera indiciariamente, la comisión por parte del presidente del Gobierno de un delito previsto y penado en el artículo 410 del Código Penal. “De hecho, ni se advierte ni se concreta en la denuncia qué actos concretos imputables a aquél serían subsumibles en el citado precepto”, señala el Supremo.

Homs en su denuncia se apoyaba en la sentencia de la propia Sala Segunda, de 22 de marzo de este año, que le condenó a él mismo por desobediencia al Constitucional, estableciendo que para dicho delito no era necesario un requerimiento o apercibimiento expreso al desobediente, ni tampoco reiteración.

OTROS INCUMPLIMIENTOS

El exdiputado sostenía en su denuncia que el Gobierno español se había negado a acatar pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Citada dos sentencias de este año y del pasado, una de ellas referida a la competencia de la Generalitat sobre becas universitarias. El denunciante también alude a negativas de la Fiscalía General del Estado y de tribunales de justicia a acatar pronunciamientos de la jurisdicción constitucional.

Sobre este punto, el auto señala que “la falta de precisión sobre quiénes serían tales cargos gubernamentales o judiciales -o miembros del ministerio fiscal-  así como sobre las supuestas conductas que se le imputan -más allá de esa supuesta negativa general a acatar las sentencias del Constitucional- impide cualquier análisis sobre si dichas conductas pudieran o no ser constitutivas de delito, por lo que necesariamente, en este extremo, la denuncia ha de ser inadmitida, sin mayores consideraciones”.

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