El TSJC admite la querella contra la 'consellera' Borràs por la compra de las urnas del 1-O

El Tribunal Superior de Justícia de CAtalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación, delito que comporta pena de prisión, por licitar las urnas para referéndum catalán.

"Cinco semanas después de leerlo en los periódicos, recibimos la querella que solo se entiende en un estado urnafóbic y demofóbico", ha tuiteado Borràs después de recibir la notificación en presencia del 'president' Carles Puigdemont y del resto de miembros del Govern.

La sala civil catalán no solo ha acordado aceptar la querella de la fiscalía contra Borràs y el secretario general de su departamento, Francesc Esteve, sino también la aplicación que efectuó la acusación ública tras el anuncio del presidente catalán, Carles Puigdemont, de un referéndum de independencia para el próximo 1 de octubre.

Los magistrados consideran que los hechos denunciados por la fiscalía en su querella son de "fácil constatación" al haber sido publicados en diarios oficiales y por los medios de comunicación. El auto argumenta que de ellos se desprende la existencia de "indicios suficientes" de la concurrencia de los tres delitos que se atribuye a Borràs.

El TSJC ha designado instructora de la causa a Mercedes Armas Calvé, magistrada de la Audiencia de Barcelona que ha sido designada ahora para reforzar la sala civil y penal del alto tribunal catalán. Esta será la juez que tome declaración como investigados a Borràs y Esteve y, posteriormente, decida si hay indicios para enviarlos a juicio. No hay fecha para celebrar el interrogatorio.

La resolución subraya que la querella de la fiscalía y su escrito de ampliación "cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud" para ser admitida a trámite, "todo ello con independencia de las decisiones que proceda ir adoptándose en función de las diligencias que se vayan sustanciando". La admisión a trámite de la querella se ha notificado a Borràs y a Esteve, coincidiendo con la reunión semanal del Govern, por lo que ambos la han recibido de manos del agente judicial arropados por el ejecutivo catalán en pleno.

DECLARACIÓN DE RUPTURA

El auto recuerda que, según la querella, la ley de presupuestos que el Parlament aprobó el pasado mes de marzo contempla partidas destinadas a garantizar un "proceso refrendario sobre el futuro político" de Catalunya. El TSJC se remite al escrito de la fiscalía para referirse a la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015, posteriormente declarada inconstitucional, "con la voluntad de creación de un Estado catalán independiente en forma de república, a través de un proceso ciudadano participativo, para sentar las bases de una constitución catalana".

También alude a la resolución que el Parlament aprobó el 6 de octubre de 2016 para instar al Govern a convocar un referéndum (hay un proceso abierto a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de JxS y CSQP) y a los presupuestos de la Generalitat que reservan 6,2 millones a gastos vinculados con la celebración de una consulta independentista. En ese sentido, los jueces destacan que, siempre según la querella, "ninguna de las leyes en las que se ampara" el acuerdo marco para el suministro de las urnas "pueden servir de apoyo a las pretensiones refrendarias". La querella agrega que Borras y Esteve "adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el meritado referéndum".

La resolución hace referencia a la ampliación de la querella, en la que la fiscalía aludía a la "firme voluntad, expresada con toda solemnidad junto al Gobierno que preside" Carles Puigdemont de celebrar un referéndum de independencia el 1 de octubre y al posterior "acto político" convocado dos días después en apoyo de la consulta, al que asistieron Borràs y el resto de miembros del ejecutivo catalán.

La querella, insiste el TSJC, sostiene que "el procedimiento de licitación para la adquisición de urnas ha avanzado en su tramitación", ya que al mismo han concurrido dos empresas "cuya intervención podría facilitar los fines pretendidos por los querellados, además de significar la realización de un acto ilícito".

El Govern y el 'president' Puigdemont han respondido a la querella con dos mensajes: este nuevo ataque judicial "no tiene base jurídica" y en todo caso el Ejecutivo de Junts pel Sí mantienen todos sus planes sobre el referéndum. Puigdemont, que junto a  todos los 'consellers' ha acompañado a Borràs en el momento de recibir la notificación,  en un tuit ha reiterado que el 1 de octubre habrá consulta:."La presión judicial no parará nunca el deseo de democracia de los catalanes, el 1 de octubre habrá urnas".

La portavoz gubernamental, Neus Munté, ha lanzado dos mensajes. uno de firmeza, sosteniendo que el Govern mantiene todos los planes intactos, y otro de tranquilidad a las empresas fabricantes de urnas. "Estamos plenamente convencidos de la legalidad del procedimiento y la voluntad es tirarlo adelante", subraya la portavoz, para quien el Estado no hace otra cosa que "amenazar" a los ciudadanos, voluntarios o empresas que quieran participar en la consulta. "Las empresas conocen perfectamente el marco legal vigente y la legalidad del procedimiento, han de hacer su tarea con tranquilidad y sin amenazas", ha añadido.