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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

La ley de desconexión prevé una declaración unilateral de independencia si no hay referéndum

El Govern y Junts pel Sí desmienten el borrador que publica este lunes 'El País'

Reunión del Consell Executiu.

Reunión del Consell Executiu. / FERRAN SENDRA

Un borrador de la ley de transitoriedad jurídica divulgado por el diario 'El País' ha arrojado este lunes algo de luz sobre los planes del Govern de Junts pel Sí para llegar a la independencia. La revelación ha sido rápidamente desmentida por el Ejecutivo catalán, pero no ha podido evitar que los detalles de las supuestas intenciones del Gabinete de Carles Puigdemont reabrieran la caja de los truenos. Incluso la fiscalía está analizando si debe actuar.

El texto desvelado incluye, entre otras disposiciones, la posibilidad de declarar la independencia si el Estado español “impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum”. Lo indica en una disposición final, que apunta que la ley “entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlament constate este impedimento” por parte del Estado.

Según el Govern y Junts pel Sí, el documento conocido este lunes es un borrador antiguo que ha sufrido muchas modificaciones. Según el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se trata de plasmar negro sobre blanco la "liquidación del Estado de derecho en 24 horas", aludiendo a la velocidad con la que los socios del Ejecutivo catalán y la CUP quieren refrendar esta norma. "Es un chantaje que nunca va a entrar en vigor", ha apostillado.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado que su equipo técnico estudiará el contenido del documento, pero fuentes de la fiscalía descartaron por ahora cualquier actuación al tratarse de un borrador que no ha sido aprobado por el Govern ni por el Parlament, informan Ángeles Vázquez y J. G. Albalat.

LA NACIONALIDAD

La ley da por hecho que Catalunya seguiría formando parte de la UE tras declararse independiente, y asume todo el acervo del ordenamiento de la UE. Pero uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es que prevé amnistiar a los condenados por “conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Catalunya o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta”. Es decir, pretende anular las inhabilitaciones del 'expresident' Artur Mas, las 'exconselleres' Irene Rigau y Joana Ortega y el jefe de filas del PDECat en el Congreso, Francesc Homs.

Obtendrán de forma automática la nacionalidad catalana quienes tengan al menos un año de empadronamiento en un municipio catalán y tengan ciudadanía española y los que, con dicha ciudadanía, acrediten dos años continuados de domicilio en Catalunya en el pasado. Dicho ello, el borrador asegura que no se deberá renunciar a la nacionalidad española. El proyecto revela que los policías y jueces adscritos a la administración del Estado que quieran formar parte del funcionariado del Estado catalán deberán obtener la nacionalidad catalana.

EL CATALÁN

Según el texto, el catalán será la única lengua “propia” de Catalunya y el castellano mantendrá los actuales usos “vigentes”. Los funcionarios estatales que quieran ingresar en la administración catalana deberán aprender catalán, para lo cual dispondrán de un “período transitorio suficiente". La ley indica que se tomarán medidas para que jueces y fiscales tengan un conococimiento “adecuado y suficiente” del catalán.

En el texto, el presidente de la Generalitat sería el encargado de nombrar al fiscal general de Catalunya y al presidente del Supremo catalán, a propuesta de una comisión mixta formada por el presidente del Supremo, el ministro de justicia catalán, cuatro jueces de la sala de gobierno del mismo Supremo y cuatro personas elegidas por la Generalitat. Los actuales jueces, magistrados, fiscales y letrados que corresponden al Estado español deberán concursar de nuevo para mantener su plaza en Catalunya.

EL PPC PIDE LA COMPARECENCIA DE PUIGDEMONT

Ante el borrador de la ley, el PPC ha registrado en el Parlament una solicitud de comparecencia del 'president' ante el pleno "por la gravedad de las informaciones publicadas". Ciudadanos, por su parte, ya ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la ley de transitoriedad jurídica en cuanto entre en vigor, y ha pedido al PP y al PSOE que se sumen a este recurso.

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