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El fiscal general analiza ya la ley de transitoriedad jurídica

Se reunió con "la cúpula fiscal" para analizar la legalidad de la norma

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, este martes en Girona.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. / periodico (EFE / ROBIN TOWNSEND)

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció este lunes en los 'Los desayunos' de RTVE que esta misma mañana se reunirá con "la cúpula fiscal", en referencia a sus colaboradores en la Fiscalía General, para analizar lo que ha trascendido sobre la ley catalana de transitoriedad jurídica con la que se prepara la ruptura de Catalunya con España y cuyo borrador ha sido adelantado por 'El País'.

Maza no ha querido adelantar un criterio en relación al texto, ni mucho menos si interpondrá una nueva querella contra miembros del Govern, hasta estudiar el contenido del texto que ha trascendido y que ha calificado de "filtración". No obstante, señaló que esta misma mañana estudiará las condiciones de la ley. Así el ministerio público determinará si incurre en algún tipo de delito, caso en el que la Fiscalía interpondrá la correspondiente querella.

Habitualmente el fiscal general despacha estos asuntos con el jefe de la Unidad de Apoyo, el de Inspección y el de la Secretaría Técnica, según fuentes fiscales. Este lunes lo hizo con los dos últimos, al encontrarse de viaje el responsable de la Unidad de Apoyo.

Tras el encuentro, Fiscalía General descartó pronunciarse ya sobre la necesidad o no de iniciar acciones legales, al disponer únicamente de una información periodística que adelanta un borrador sobre la norma en cuestión, lo que impide conocer, incluso, si ese será el texto definitivo o sufrirá alguna modificación.

El pasado 9 de mayo, el mismo día que se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la licitación para la adquisición de 8.000 urnas, Fiscalía General anunció la interposición de una querella por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Esa querella se suma a las ya interpuestas con anterioridad contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa de la Cámara por permitir votaciones parlamentarias que, a juicio del fiscal, suponían desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional que vetaban cualquier iniciativa encaminada a la celebración de un referéndum.

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