La Fiscalía se querellará contra la consellera de Governació por la compra de las urnas

La Fiscalía General del Estado ha ordenado a la Fiscalía Superior de Catalunya que presente una querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación, por el proceso iniciado por la Generalitat para comprar urnas para el referéndum catalán.

En un escrito, la Fiscalía General del Estado justifica la interposición de la querella, dirigida contra Borràs y contra el secretario general de la 'conselleria' de Governació, Francesc Esteve, porque el anuncio de licitación para la compra de urnas "supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista" en Catalunya, contrario a los "expresos mandatos" del Tribunal Constitucional. En concreto, la Fiscalía justifica la querella contra la 'consellera' por su "voluntad rebelde" al iniciar el proceso de compra de urnas para el referéndum de independencia, que conduce "a una indeseable crítica situación de enfrentamiento y ruptura".

El escrito de la Fiscalía, que en función de la eventual investigación podría extenderse a otros cargos públicos, se ha presentado después de que el Diario Oficial de la Generalitat publicara el pasado 9 de mayo un anuncio sobre el proceso de licitación de las urnas, por un valor de 200.000 euros, con el que el gobierno catalán pretende celebrar el referéndum aunque oficialmente no se detalla la utilización que se hará de las urnas más allá de una genérica alusión a los procesos electorales o participativos.

LA REACCIÓN DEL GOVERN

Tras conocer la noticia, Borràs ha acusado al Estado de "tener miedo a las urnas" y actuar de forma "dictatorial" con una querella que ha asegurado que no frenará el proceso de licitación. Borràs ha criticado que la Fiscalía actúe contra la Generalitat por querer comprar urnas cuando es un proceso que ya hizo en su momento Andalucía: "Estos hechos son propios de otra época", ha denunciado la consellera, que ha tildado el Estado de "urnafóbico".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ha respondido en Twitter: "Pondremos las urnas y la gente pondrá los votos. ¡Nada de esto es ningún delito!". En tono irónico, el presidente catalán ha dicho que pensaba que la Fiscalía presentaría una querella "por el caos del aeropuerto" de El Prat y ha trasladado su apoyo a la 'consellera' Borràs (PDeCAT). Por su parte, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, se ha solidarizado con Borràs a través de la misma red social: "Soy corresponsable de todas y cada una de las decisiones del Govern en la defensa de la democracia y para garantizar el derecho a votar".La portavoz del Govern, Neus Munté, ha reaccionado también vía Twitter: "¡Comprar urnas no es delito! No podrán callarnos".

El diputado de la CUP Benet Salellas ha considerado hoy que la querella de la Fiscalía es un "auténtico despropósito", además "de una nueva muestra de la instrumentalización de la justicia por parte del Gobierno del PP". Según ha afirmado el diputado den rueda de prensa, "la única lengua que entiende el Gobierno español ante la demanda mayoritaria que hay en Cataluña de poder hacer un referéndum es el de las querellas y la instrumentalización de fiscales y jueces".

NUEVO FRENTE DE OPOSICIÓN

En paralelo al anuncio de la querella contra la licitación de las urnas, tanto el PSOE, como el PP y Ciudadanos anunciaron ayer que la próxima semana presentarán otro recurso, en este caso contra la partida de los presupuestos de la Generalitat para financiar el referéndum en el caso de que se llegue a celebrar. Los tres portavoces parlamentarios aseguraron ayer que esta batería de recursos judiciales será suficiente para impedir que se celebre un referéndum en Catalunya a pesar de que el Govern lo siga anunciando.

La querella contra Borràs y los recursos al Tribunal Constitucional por el presupuesto se suman a la lista de procesos judiciales que tratan de impedir que el Gobierno de Catalunya consiga su propósito. La semana pasada declararon en el Tribunal Superior de Justicia de catalunya los miembros de la Mesa del Parlament imputados por haber autorizado la celebración en la cámnara autonómcia de un debate sobre el referéndum. Anteriormente fueron condenados el expresident Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por la celebración del 9-N.