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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

Los funcionarios, en el punto de mira del 'procés'

La amenaza de Lluís Llach de sanciones a empleados públicos reabre la polémica

La Generalitat evita desautorizar al diputado de JxSí y los sindicatos exigen respeto

FIDEL MASREAL / BARCELONA

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Lluís Llach durante la conferencia inaugural de la Fundació Romea. / ALVARO MONGE

No hay dia calmado en el proceso independentista. Cuando el PDECat Esquerra trataban de correr un tupido velo por el capítulo de espionaje político (el 'caso Bonvehí'), cuando los ecos de las polémicas afirmaciones del ya exsenador de ERC Santi Vidal ya se habían apagado, y cuando el soberanismo se encamina este miércoles a pactar la reforma exprés del reglamento para poder aprobar las leyes de "desconexión" por la vía rápida, el diputado de Junts pel Sí y cantautor Lluís Llach ha puesto en el punto de mira a los funcionarios al afirmar en varias conferencias que serán sancionados si no "cumplen" con la llamada ley de transitoriedad jurídica.

Tal como sucedió en el 'caso Vidal', el origen de estas afirmaciones son diversas conferencias, en este caso de Llach, organizadas por la ANC y Òmnium Cultural. El diario 'El País' ha avanzado este martes las afirmaciones inequívocas en las que el parlamentario independentista asegura que el funcionario que desobedezca esta nueva legalidad catalana (que con toda seguridad el Estado impugnará), será "sancionado". Por tanto, advierte Llach, "se lo tendrán que pensar muy bien [los funcionarios]" y "muchos sufrirán" si desobedecen. En este sentido, cita a los sectores de los Mossos d'Esquadra reacios a acatar el proceso de ruptura. Es más, Llach sostiene que los ayuntamientos también deberán acatar la nueva realidad.

En otro momento del acto, Llach pronosticó que el día que se apruebe la ley de desconexión "habrá un terremoto, incluso si se aplica parcialmente, que es lo que ahora se está discutiendo".

LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

El diputado de Junts pel Sí ha ahondado en este argumento en varias charlas: “Lo que prevé la ley de transitoriedad jurídica es que, a partir de ese momento, en todo aquello que concierne al desarrollo hacia la independencia, las leyes que deben seguirse serán las catalanas. Por lo tanto, los funcionarios deberán obedecer estas leyes. El día que haya una ley hecha por el Parlament, tiene que ser obedecida; si no, será sancionada [sic] por todos los funcionarios, sean los que sean. Y en cualquier caso, los funcionarios deberán preguntarse 'y si no obedezco esta ley catalana, ostras, ¿qué pasará?".

Lo dicho por el diputado y cantautor en estas conferencias ha obligado al Govern a hacer malabarismos para desmarcarse de la idea de las sanciones, sin llegar a desautorizar explícitamente a Llach como sí se hizo con Santi Vidal. "No creo que hablar de sanciones sea nada oportuno, ni sea esta la cuestión que preocupa a los catalanes. No entraré en este marco mental, las leyes nos obligan a todos y en cada momento, según el marco legal vigente, nos siguen obligando a todos", ha sido la reflexión algo ambigua de la portavoz, Neus Munté, que se está especializando en oscurecer toda concreción sobre la hoja de ruta e intentar sacar hierro a las polémicas internas que van trufando el camino soberanista.

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD?

Ante las reiteradas preguntas sobre si el Govern sancionará o no a los servidores públicos, la 'consellera' ha afirmado que lo que hará es "dar garantías al conjunto de los ciudadanos y, de manera particular, a los funcionarios". Munté ha tratado de asumir toda la responsabilidad, sacando a los funcionarios del foco de la controversia: "Las responsabilidades las asumimos los responsables políticos y no los funcionarios, a los que es nuestro deber y obligación defender. La voluntad es que este tránsito de ley a ley se haga de la mejor manera posible y que un objetivo prioritario es la protección jurídica de los funcionarios", ha rematado.

En cambio, desde el mismo grupo parlamentario de Junts pel Sí, su portavoz, el republicano Roger Torrent, ha defendido a Llach porque sus afirmaciones son una "obviedad", dado que "las leyes generan unos derechos y deberes que se deben cumplir". Torrent ha obviado que ante el escenario de las leyes de transitoriedad se abriría con toda probabilidad un conflicto con el Gobierno central, que consideraría inconstitucionales tales normativas. La CUP ha quitado hierro a la polémica afirmando que las palabras de Llach han de contextualizarse.

LOS FUNCIONARIOS EXIGEN GARANTÍAS

Muy duros se han manifestado los sindicatos de la función pública, que han exigido al 'president' Carles Puigdemont que garantice la "seguridad jurídica" para sus más de 200.000 empleados, y que se desmarque de unas afirmaciones "del todo inaceptables". Para Joan Maria Sentís, de CCOO, "una cosa es la ideología y los proyectos políticos y otra cosa es el respeto a la legalidad vigente con el criterio de la seguridad jurídica para los funcionarios que tienen que aplicarla".

Por su parte, Ciutadans, el PSC y el PP han exigido al Govern que aclare si habrá o no sanciones. "Parece que Llach ha vuelto a los escenarios, se ha marcado un nuevo Santi Vidal, entre tanta mentira se le ha escapado a Llach una verdad", ha espetado el portavoz de C's, Carlos Carrizosa. El PSC ha lamentado que se amenace a los servidores públicos en lugar de ayudarles a recuperar derechos laborales recortados. El PP ha espetado al Govern: "Delincan ustedes si son valientes, pero no fuercen a los funcionarios".

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