El PP deja sola a Aguirre y la empuja a dimitir

Soltar lastre. Esta es la intención del PP ante la nueva semana ‘horribilis’ marcada por la corrupción. Para ello, la dimisión de la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, acorralada tras la detención del que fuera su número dos, Ignacio GonzálezIgnacio González, permitiría a la dirección nacional y al propio Mariano Rajoy, que lleva años enfrentado a la ‘lideresa’, coger algo de aire en un contexto muy complicado.

A la citación del presidente del Gobierno a declarar en el juicio de la 'trama Gürtel' se le ha añadido la operación Lezo, que ha destapado nuevas irregularidades en el PP de Madrid. Para forzarla a dar un paso atrás, el equipo del presidente ha puesto en marcha la 'operación empujón', que consiste en presionar de forma sibilina a un cargo para que renuncie voluntariamente.

Ni el líder ni sus máximos colaboradores se han puesto aún en contacto con Aguirre pero, según fuentes de la cúpula, la intención es darle pistas, y qué mejor que a través de los medios de comunicación. Por ello, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, evitó este jueves respaldarla públicamente y, en una entrevista en RNE, la invitó a "reflexionar" sobre su futuro. "Ella sabe lo que tiene que hacer en cada momento", señaló, al tiempo que subrayó que el caso de González "no aventura cosas positivas".

MUCHOS PRECEDENTES

Además, desde que estalló el escándalo, la cúpula popular empezó a dejar caer, en conversaciones privadas con los periodistas, que Aguirre tiene "muy complicado" repetir como candidata a la alcaldía de Madrid. Otro aviso a navegantes. Y el PP tiene una larga tradición de cómo conducir a un cargo a la dimisión sin pedirle públicamente su cese. Las hemerotecas dejan buenos ejemplos sobre lo que pasó con Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Ana Botella, Rita Barberá… Rajoy se implica en contadas ocasiones y deja hacer a su equipo hasta que se lleva el gato al agua.

Pero Aguirre ya se ha enfrentado al jefe de filas en múltiples ocasiones, y a veces se ha salido con la suya. Este jueves, de hecho, hizo oídos sordos a los mensajes de la sede nacional y aseveró que, "de momento", no piensa dimitir hasta que no tenga más "información" sobre los hechos de los que se acusa a González, quien guarda silencio y este viernes ha sido citado ante el juez instructor. La portavoz municipal representó el papel de jefa dolida ante una traición y, al borde del llanto, señaló que para ella sería "un palo" y "lamentable" que el que fuera su mano derecha sea un corrupto. "Estoy convencida de que no ha podido hacer semejante cosa", añadió.

LA DEFENSA

Como táctica de defensa, recordó que ya dejó las riendas del PP en Madrid por el encarcelamiento de su otrora colaborador Francisco Granados, pero que el caso actual es distinto porque el presunto enriquecimiento de González fue en el 2013, cuando ella ya no presidía la comunidad, y proviene de una empresa en Brasil, contraviniendo sus órdenes de evitar adjudicaciones en el extranjero.

Sin embargo, es difícil aventurar cuánto va a poder aguantar la presión. La oposición pide su cabeza y ella ha puesto tantas veces la mano en el fuego por González que su propia trayectoria la apisona. Aguirre testificó este jueves en el juicio de la primera etapa de la 'trama Gürtel'. Tranquila, y con la lección bien aprendida, descargó toda responsabilidad del Gobierno de Madrid en la contratación de las empresas de Francisco Correa en el que fue su viceconsejero de Presidencia, el acusado Alberto López Viejo, aunque admitió que no frenó que se siguiera contando con la red para "muchísimos" actos institucionales. También negó conocer al presunto cabecilla e insistió en que ella destapó la 'Gürtel'.

LOS PRIMEROS EN DECLARAR

En este contexto, el juez instructor del ‘caso Lezo’, Eloy Velasco, ordenó registrosregistros en varias empresas, como PwC, OHL, Indra, Licuas y Saerco, en busca de pruebas del lucro personal atribuido en esta causa a González y sus colaboradores a través de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. Algunas de esas empresas ya habían sido investigadas en relación con la financiación ilegal del PP, que el propio Velasco ya investigaba en su vertiente regional en el 'caso Púnica'. A última hora de la noche, el juez ha acordado prisión eludible con fianza para el exgerente de Canal de Isabel II Adrián Martín y para la exdirectora financiera María Fernanda Richmond. El primero deberá pagar 100.000 euros si quiere eludir la prisión. La cifra para Richmond es bastante más elevada: cuatro millones de euros.