El tribunal del 'caso Gürtel' citará a declarar como testigo a Rajoy en el juicio

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera época de la 'trama Gürtel' (1999-2005) ha hecho suyo el dicho de que a la tercera va la vencida y ha decidido citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por las responsabilidades que tuvo durante ese periodo al frente del PP, como vicesecretario y secretario general. Ha sido la sorpresa de una vista oral que se iniciaba con la oposición expresa tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado a la petición formulada por tercera vez en el procedimiento por parte de la acusación que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). 

La decisión, hecha pública por el tribunal durante la declaración de la testigo que estaba prevista para este martes, se ha adoptado por mayoría, como es habitual en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego han votado a favor de que Rajoy preste declaración, mientras que el presidente de la Sala, Ángel Hurtado, se ha opuesto, como ya hizo cuando se acordó citar a los exdirigentes del partido propuestos por el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En el caso de Rajoy, todavía no se ha concretado la fecha concreta en que tendrá que comparecer ni cómo lo hará, al haber dado a conocer el tribunal su decisión de viva voz durante la vista y no a través de una resolución. Previsiblemente, además, dadas sus responsabilidades como presidente del Gobierno, la Sala tendrá que tener en cuenta su agenda para ajustarla a la que ya ha fijado para los demás testigos citados.

POR ESCRITO, DESCARTADO

Lo que es seguro es que Rajoy no podrá solventar este trámite por escrito. Los artículos 702 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que el presidente del Gobierno y otros altos cargos del Estado "están obligados a declarar, concurriendo ante el tribunal", al tratarse de un juicio oral, donde tiene máxima prioridad el principio de contradicción.

Para realizar su declaración, el presidente podría desplazarse hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) o declarar por videoconferencia, como se hace habitualmente con testigos e incluso imputados que evitan así el desplazamiento, aunque normalmente esta opción se reserva para cuando se encuentran en otra ciudad. Existe el precedente de Felipe González, cuando declaró como testigo en el juicio por el secuestro de Segundo Marey por los GAL, pero cuando compareció en el Tribunal Supremo ya no era presidente del Gobierno.

El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sí prevé que, durante la instrucción del procedimiento, pueda hacerlo desde su domicilio o despacho, si no se le pregunta por hechos que haya conocido en el ejercicio de su cargo. En este caso, la declaración de Rajoy se producirá por los cargos que tuvo en el PP, entre los que figuran, según Adade, haber estado al frente de algunas campañas electorales.

NUEVAS PRUEBAS

La última petición de Adade se ha basado justamente en que era el único miembro de la cúpula del partido que no comparecería en el juicio, después de que la Sala aceptara la solicitud formulada por Bárcenas y citara como testigos a varios exdirigentes del PP. Está previsto que Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes declaren como testigos entre los días 19 y 20 de junio. Este jueves lo hará la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, también como testigo.

Adade argumentaba que "había llegado el momento" de que declarara Rajoy tras escuchar en el juicio al cabecilla de la 'trama Gürtel', Francisco Correa, y al constructor arrepentido Alfonso García Pozuelo. Aunque el más explícito fue el primero, que admitió haber llevado "maletines llenos de dinero" a la sede central del PP, en la madrileña calle de Génova, de una forma u otra, ambos admitieron que el partido se había financiado en b con las donaciones que recibía de empresarios. 

TODOS EN CONTRA

La decisión del tribunal se ha producido con la oposición expresa de la fiscala Concepción Nicolás que no consideraba el testimonio de Rajoy "ni útil ni necesario" para acreditar la financiación del PP a través de una caja b, tras la declaración prestada por el extesorero del partido y otros acusados y testigos. 

La Abogacía del Estado, representada por Edmundo Bal, entendía que no habían cambiado las condiciones existentes cuando la petición fue rechazada hace un año y sostuvo que "carece de relevancia" para el procedimiento. 

Todas las defensas, además de la que ejerce el PP, acusado de ser partícipe a título lucrativo de los hechos juzgados, también se opusieron a que declarara Rajoy. La única parte que ha apoyado la petición de Adade ha sido la acusación que ejercen los socialistas valencianos.