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Revés del 'TC catalán' a los presupuestos por incluir el referéndum

El Consell de Garanties declara inconstitucional las partidas para la consulta

La oposición pide al Govern que frene pero Puigdemont insiste en su hoja de ruta

Neus Tomàs

Junqueras, entre Jové (izquierda) y Aragonès, presenta los presupuestos en el Parlament, en noviembre pasado.

Junqueras, entre Jové (izquierda) y Aragonès, presenta los presupuestos en el Parlament, en noviembre pasado. / JOAN CORTADELLAS

Esta vez el revés no ha partido de Madrid. Ha sido el Consell de Garanties Estatutàries, la institución de la Generalitat encargada de velar por la adecuación de las leyes al Estatut y la Constitución, la que ha desautorizado al Gobierno catalán. Y no en una ley cualquiera puesto el Consell considera inconstitucional que los presupuestos de la Generalitat incluyan una disposición adicional que contenga una partida para celebrar un referéndum. Este organismo consultivo, conocido como el Tribunal Constitucional catalán, ha elaborado un dictamen a petición de PSC, Ciutadans y PPC, que presentaron sendos recursos al considerar que con las cuentas del 2017 el Ejecutivo contravenía tanto el Estatut y la Constitución.

Por si existían dudas del convencimiento de los miembros del Consell ahí van dos datos: El ponente del dictamen es Àlex Bas, que fue asesor jurídico del grupo parlamentario de CiU y la decisión se ha tomado por unanimidad (hay nueve consejeros, seis de ellos a propuesta del Parlament y tres por parte del Govern. Todos son juristas con más de 15 años de experiencia en el mundo del derecho).

LOS ARGUMENTOS

Las cuentas diseñadas por el vicepresidente y 'conseller' de Economia, Oriol Junqueras incluyen 5,8 millones de euros para celebrar el anunciado referéndum, previsto para septiembre aunque no se descarta avanzarlo a antes del verano. Son 5 millones para procesos electorales y los 800.000 restantes aparecen en el epígrafe de procesos participativos.

En su escrito, el Consell señala que dejando de lado "aspectos políticos o de oportunidad", cuya interpretación no depende de este organismo, la polémica disposición adicional del referéndum "no supera el test de adecuación constitucional y estatutaria". El 'TC catalán' añade que actualmente la jurisprudencia constitucional no reconoce a la Generalitat la potestad de regular ni convocar una consulta refrendaria sobre el futuro de Catalunya. De ahí, argumenta, que no se pueda preveer en los presupuestos la habilitación o autorización para una partida que tenga relación con una competencia que la Generalitat no tiene o de la que no es titular reconocido.

El Ejecutivo de Carles Puigdemont no está obligado a cumplir el dictamen conocido este viernes. Podría optar por presentar nuevas enmiendas para adaptar los presupuestos a la recomendación del Consell de Garanties Estatutàries. Pero no parece que su respuesta vaya a ser esa. Sirva de pista que el 'president', tras conocer los argumentos del Consell, ha insistido en que la partida del referéndum "está perfectamente avalada" y ha reiterado que la consulta se hará. En una línea similar se han expresado tanto ERC como la CUP, que coinciden en que no piensan modificar sus planes.

FIN DE LA AVENTURA

Evidentemente, tanto PSC como Ciudadanos y PPC aplaudieron los argumentos del Consell  y han coincidido en resaltar que en esta ocasión no es el Tribunal Constitucional, sino un organismo de la Generalitat, el que ha reprochado la acción del Ejecutivo catalán. El primer secretario del PSCMiquel Iceta, ha subrayado que el informe "es un hecho de gran importancia". "Demuestra lo que nosotros hace tiempo que decimos: todo esto que quiere hacer el Govern no se puede hacer", ha manifestado en declaraciones a los medios. Asimismo, el líder de los socialistas  ha instado Puigdemont y al vicepresidente, Oriol Junqueras, a retirar el proyecto de presupuestos y ha considerado que si el del referéndum es el único objetivo de su Govern deberían convocar "lo antes posibles unas nuevas elecciones".  

Incluso Catalunya Sí que Es Pot, pese a no haber presentado recurso, calificó el dictamen como una "plena y total desautorización a la estrategia de unilateralidad" del Govern. A su juicio, este texto "refuerza" la apuesta de su grupo por un referéndum pactado. Este grupo ha pedido a Puigdemont que comparezca en el Parlament para explicar su hoja de ruta.

APELACIÓN DEL EJECUTIVO CENTRAL

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y ha pedido a la Generalitat que "cumpla su propia la ley" y no siga "haciendo cosas" que sus órganos consultivos rechazan. Fuentes gubernamentales han considerado además que el dictamen tiene un alto "valor político", es "importante" y "llamativo" porque procede precisamente de la institución creada por el Govern.

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