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EL PROCESO SOBERANISTA

La Fiscalía redobla la presión a los Mossos para frenar la "sedición"

En un escrito del 28 de diciembre les recuerda que ya les conminó a actuar contra la rebelión

El fiscal Zaragoza reclama los atestados de las recientes quemas de fotos del Rey

Ángeles Vázquez

LA CUP ROMPE FOTOS DE FELIPE VI EN EL PLENO DE BCN_MEDIA_2

ALBERT BERTRAN

La respuesta judicial al proceso independentista tiene varios frentes. Además del Tribunal Constitucional, que ha suspendido las resoluciones del Parlament hacia la independencia, y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o el Tribunal Supremo, donde se juzgará a los responsables políticos que impulsaron la consulta del 9-N, la Fiscalía de la Audiencia Nacional también juega un papel destacado. La prueba es que el pasado 28 de diciembre envió un oficio al Servicio de Información de los Mossos d'Esquadra en el que les recuerda uno anterior en el que ya les instruía sobre cuáles eran sus obligaciones ante delitos como la "sedición". Ahora, además, les exige con carácter urgente los informes y los atestados que hubiera abierto en relación con los concejales y miembros de la CUP que recientemente rompieron o quemaron fotos del Rey.

En el oficio del 5 de noviembre de 2015 se aclaraba a los Mossos -y a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- cómo deben actuar ante los delitos competencia de la Audiencia Nacional, entre los que figuran, además del de injurias a la Corona, los de rebelión y sedición, penados con entre 25 y 30 años de cárcel en el caso del primer delito y con entre 10 y 15, en el segundo. También se castiga la provocación o incitación a cometerlos. Y de hecho ya hay un imputado por provocar a la sedición: el edil de la CUP de Vic Joan Coma, por el alegato con el que arengó a desobedecer al Constitucional cuando el ayuntamiento del que forma parte se sumó a la declaración soberanista del Parlament luego anulada por el alto tribunal.

En una instrucción de 10 páginas -que no deja margen a la improvisación en la actuación de los Mossos frente a los actos encaminados a contribuir a la independencia de Catalunya- la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza, recordaba a los agentes policiales, a través de sus mandos, su obligación de poner en conocimiento de los Juzgados Centrales de Instrucción o del ministerio público cualquier delito del que hayan tenido noticia y en su preámbulo explicativo se adelantaba a la declaración del Parlament de 9 de noviembre de 2015 advirtiendo de que "la realización de actos de ejecucion de ese mandato ilegal por cualquier autoridad o funcionario público (sea local, provincial o autonómico) podrían constituir no sólo delito de sedición, sino también de prevaricación, desobediencia o usurpación de atribuciones".

Ese argumento fue el utilizado por el ministerio público para actuar sin éxito contra varios ayuntamientos catalanes que se sumaron a la declaración de la Cámara catalana antes de que el Constitucional la anulara. La Sala de lo Penal de la Audiencia tumbó el intento por, entre otras razones, haberse adherido a la iniciativa cuando aún no había sido formalmente suspendida por el alto tribunal. Pero la remisión que a esa circular hace la enviada el pasado 28 de diciembre por la quema de fotos del Rey ha despertado cierto temor en Catalunya de cara a los procedimientos que se pueden abrir si la actitud política no cambia y se siguen dando pasos hacia la convocatoria del referéndum anunciado por el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, a más tardar, en septiembre de este año.

QUEMA DE FOTOS

El oficio, que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, se centra en la actuación de varios concejales de la CUP en Barcelona y Terrassa en los plenos de 22 y 23 de diciembre en los que defendieron la aprobación de una proposición de apoyo a los cinco jóvenes identificados como autores de quemar fotos del Rey durante la Diada y que habían sido detenidos unas semanas antes por no comparecer en el juzgado cuando fueron citados. Tanto ellos como Coma presentaron públicamente su desobediencia como una forma de acceder a la independencia.

El Govern y partidos como Catalunya Sí que Es Pot han criticado la judicialización del proceso independentista porque entienden que complica todavía más una solución política al conflicto abierto a cuenta de las aspiraciones independentistas de una parte importante de la sociedad catalana. 

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