La declaración judicial de Homs cuestiona la versión de Mas sobre el 9-N

"Se nos ofreció que si el 'president' Mas la noche del día 9 no hacía una comparecencia pública, no harían nada. Esto de parte del Gobierno de España. Con lo cual el nivel de arbitrariedad en este tema ha sido, vamos, de vergüenza". Así se expresó el diputado del PDC y 'exconseller' de Presidència Francesc Homs durante su declaración el pasado 19 de septiembre en el Tribunal Supremo por el proceso participativo soberanista del 9 de noviembre del 2014.

EL PERIÓDICO publicó el mismo día del interrogatorio que el político catalán había explicado durante su comparecencia ante el alto tribunal que el Ejecutivo español les había ofrecido un pacto sobre la consulta alternativa a cambio de no emprender acciones legales. Sin embargo, en su comparecencia ante el Supremo no detalló quien le planteó esta acuerdo. Sorprendentemente, el 'expresident' Mas negó el pasado lunes rotundamente que tal oferta llegara al Ejecutivo catalán y que él, directa o indirectamente, tuviera conocimiento de la misma. Además, el presidente del PDC sostiene que fue él quien meses antes del 9-N ofreció al Gobierno central que tolerase la consulta garantizando que no sería vinculante políticamente.

En su declaración, a cuya transcripción original ha tenido acceso este diario, Homs afirmó que desde el Gobierno de España "se nos ofreció el viernes, día 7 de noviembre", días antes de la consulta, que si el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, no hacía una valoración sobre la votación "no harían nada". "Yo tenía esa información, ¿sabe?. Yo la tenía", subraya. Y continúa: "Entonces, cuando a mi se me dice esto, ¿usted puede imaginar en mi lugar si yo podía tener algún resquicio de duda de que estaba actuando de acuerdo con la ley?. (...) Si el Gobierno de España me proponía un trato de estas características, indigno, que obviamente no accedemos a él, vamos, me estaba diciendo, sin decíermelo, que yo no hacía nada que fuese contrario a la ley. Hacía algo que les molestaba, eso claro, pero nada que actuara contra la ley ni el mandato del Tribunal Constitucional" (suspendió días antes la consulta alternativa). 

Homs asumió los preparativos del proceso participativo, aunque aclaró que actuó de acuerdo con lo aprobado en la Cámara catalana. "Actué siguiendo el mandato del Parlament", dijo al juez instructor de la causa. El diputado justificó en todo momento que la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el proceso participativo fue una maniobra del Gobierno español para frenar el proceso soberanista. "Se actuó no solo de forma prudente, sino razonable", añadió el diputado. "Nuestra actuación y mi actuación fue acorde con la ley", repitió.

JUICIO POLÍTICO, MÁS QUE JURÍDICO

El diputado manifestó que tenía la impresión de que el proceso judicial por el 9-N es "un juicio más político que de debata jurídico". Preciso: "Lo digo no con satisfacción, como se puede imaginar, sino más bien con cierto estupor (...) Es decir, no me parece ni mucho menos razonable por empezar la actuación del Gobierno de España, que utilizó un recurso que tenía a su alcance". No ahorró tampoco críticas hacia la Fiscalía General del Estado: "Inicialmente yo no estaba en esta causa y de bote pronto yo pasé a estarlo, cuando mi actuación fue pública y notoria en todo momento".

A su entender, "da la sensación" de que ha habido un "comportamiento gregario" del magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya [que instruye el prodeso contra el expresidente Artur Mas] ante la actuación de la fiscalía, y "una actuación también gregaria" del ministerio público "ante los intereses partidistas del Gobierno de España". "Yo lamento profundamente que nos encontremos en esta situación todos y que las instituciones juidiciales, las máximas instituciones judiciales del Estado español obren, al menos, con tal sospecha de imparcialidad y con tal sospecha de arbitrariedad".

El diputado también hizo mención a la conversación grabada entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso. "El ministro del Interior admitía (...) que tenía la convicción de que podía dirigirse a la fiscalía de este país para afinar expedientes contra algunos de nosotros, simplemente porque somos adversarios políticos". Homs incidió que tenía la sensación de que en la causa del 9-N la fiscalía "ha actuado al margen de lo que debía ser su principio de independencia y de buen hacer y atender a derecho".

Ante esta afirmación y al finalizar la declaración, el fiscal del Supremo encargado del asunto intervino para dejar patente que la institución que representaba actuaba sometida, "en exclusiva", al "imperio de la ley y a los dictados de la ley", sin que haya recibido ninguna consigna de tipo político como viene a sugerir" [Homs].