El juez del 'caso Innova' impone 144 millones de fianza por avalar a una empresa que quebró

El juez del caso Innova ha impuesto una fianza de 8 millones de euros a cada uno de los 18 responsables de aprobar un aval de 3 millones de euros a la empresa de investigación nutricional Shirota Functional Food (SFF) pese a tener solo el 40% de las acciones. La compañía quebró al no poder hacer frente a sus responsabilidades financieras, el aval aprobado bajo la alcaldía del socialista Lluís Miquel Pérez (2007-2011) se ejecutó y el nuevo gobierno municipal de Reus, comandado por el convergente Carles Pellicer, tuvo que pedir otro crédito para afrontarlo y decidieron salir de SFF por considerarla inviable.

Este relato presenta indicios de blanqueo de capitales, prevaricación y malversación de fondos públicos, desgrana el titular del Juzgado número 3 de Reus en un duro auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). SFF la formaban la compañía transformadora de frutos secos Morella Nuts (48%), el hólding municipal de Reus Innova (40%), la empresa pública Tecnoparc Reus SA (8%), la Universidad Rovira i Virgili (URV) (2%) y el Hospital Universitario Sant Joan de Reus (2%).

El juez sitúa el origen de SFF en una subvención del Ministerio de Sanidad obtenida por la Morella Nuts, por lo que cree que la única finalidad era que Innova prestara apoyo financiero a una empresa privada. El auto reseña las dudas de los propios consejeros de Innova (todos concejales) por la premura en aprobar la operación en marzo del 2007, que el propio alcalde calificó como “no típica” para Innova y cuya finalidad última era “transmitir las participaciones a una empresa más especializada”

Pérez aseguró que “no corresponde al consistorio entrar en proyectos de riesgo mercantil" y aunque Innova debía “posibilitar” la empresa, no debía permanecer en su accionariado. Ocho consejeros (PSC-ERC-ICV) lo aprobaron, los tres de CiU -entre ellos, Pellicer, actual alcalde- se abstuvieron y los dos del PP votaron en contra.

El magistrado sospecha que toda la operación pretendía beneficiar a la Morella Nuts de forma opaca, burlando el control público del interventor y el secretario municipales y también el político al no informar bien al pleno que ratificó los acuerdos. Para sustentar ese indicio, el magistrado cita un documento intervenido en el registro practicado en SFF en el 2013 en el que podía leerse “objetivo: inversores se quedan el aval". El juez tacha de “miserias políticas” las declaraciones de los concejales imputados, conforme votaron a favor “por disciplina de voto” y “sin saber qué votaban” y les reprocha que esto “aumenta” los “indicios criminales” en vez de disminuirlos.