División en el Gobierno sobre si debe aceptar el control del Congreso

La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro José Manuel García-Margallo en un acto en que participaron hace meses.

La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro José Manuel García-Margallo en un acto en que participaron hace meses. / periodico

GEMMA ROBLES / MADRID

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El Gobierno de Mariano Rajoy está dividido sobre si debe o no acceder que el Congreso ejerza el control sobre la actividad y decisiones del poder Ejecutivo, ahora en funciones. Así, este jueves salió a la palestra el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón –mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría- a anunciar que no se permitirá en estas circunstancias. Es una posición que se aferra al ‘legalismo’ y a precedentes que existen en Parlamentos como al andaluz o el catalán, entre otros. Pero según parece no todos los ministros comparten la premisa, como admitió la propia Santamaría al decir que algunos de sus compañeros estarían “encantados” de comparecer.

De hecho, después de que los grupos de la oposición se hayan quejado de esa negativa a rendir cuentas a las Cortes, el titular de Exteriores, <strong>José Manuel García-Margallo</strong>, aseveró en TVE que no comparte el criterio de la vicepresidenta (a quien apuntó como responsable de la decisión), aunque lo acata, mientras que el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, sostiene que lo mejor sería consultar al Constitucional qué hay que hacer, por ejemplo, ante un asunto como una Cumbre europea en el que se toman decisiones. Sin embargo un informe que La Moncloa ha elaborado al respecto señala como vía jurisdiccional adecuada para dirimir posibles diferencias la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

“No estaríamos hablando de un juzgado, estaríamos hablando en todo caso de un conflicto de jurisdicción entre dos poderes del Estado, que sería el Ejecutivo y el legislativo. Si el poder legislativo considerara que hay fundadas razones para exigir que el presidente compareciera y en su caso tuviera su aprobación para poder acudir a ese Consejo Europeo, estaríamos ante un conflicto que debería dirimir el Tribunal Constitucional", afirmó Fernández Díaz en RNE.

EL IMPULSO Y LA COHERENCIA

Por su lado, García-Margallo admitió que él, personalmente, estaría dispuesto a informar al Congreso de lo que afecta a su departamento. "Si la secretaría de Estado [de relaciones con las Cortes] dice que debo ir, mi voluntad es jugar siempre, pero saldré cuando el entrenador me saque", recalcó. Y en ese contexto recordó que es la vicepresidenta "quien decide cuándo salen los jugadores al terreno y cuando se quedan en el banquillo". "Yo soy bastante impulsivo y hay que frenarme de vez en cuando", bromeó.

Fuentes gubernamentales puntualizan que la "disposición" de Margallo no supone una excepción -aunque él ha optado por hacerla pública- sino una voluntad "compartida" por "todos los ministros" que, según estas fuentes, no tendrían ningún problema en comentar las actividades propias de su área en sede parlamentaria. Sin embargo, desde la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes se les ha indicado que eso no es posible por entender que constituiría "un fraude" constitucional, añaden.  

Se le preguntó por la cuestión a Santamaría tras el Consejo de ministros. Insistió en que los populares que siguen ocupando La Moncloa saben que están en funciones y no adoptan decisiones “políticas” y que, por tanto, no deben ni pueden someterse al control de las Cortes actuales. “Nosotros tenemos la confianza de las Cortes anteriores no de las actuales”, recordó la también portavoz gubernamental.

Así, ha demandado "coherencia" a la oposición que pide que el Ejecutivo acuda a consensuar una posición común antes de ir a Bruselas, precisamente por estar en funciones, y después pretende someter a sus miembros al control como si tuvieran capacidad política, ha dicho. Para justificar su postura, además de informes propios, esgrimió uno del parlamento andaluz que se pronuncia en esta línea y el hecho de que en Catalunya no hubiera control al Govern en funciones de Artur Mas.

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"El Ejecutivo buscar\u00e1\u00a0\"consenso\"\u00a0sobre refugiados","text":"El Gobierno en funciones ha decidido que sea su secretario de Estado para la UE quien, el mi\u00e9rcoles, comparezca en el Congreso para \"consensuar\" con la oposici\u00f3n la postura que Espa\u00f1a, 24 horas despu\u00e9s, habr\u00e1 de defender en Bruselas en una cumbre en la que se decidir\u00e1 el futuro de los refugiados. Soraya S\u00e1enz de Santamar\u00eda, la portavoz gubernamental, no quiso confirmar ni desmentir si el propio Mariano Rajoy o su ministro de Exteriores se pondr\u00e1n en contacto telef\u00f3nico tambi\u00e9n con los jefes de los partidos para acordar una posici\u00f3n en un tema de tanto calado para el pa\u00eds y para toda Europa.\u00a0Los grupos del Congreso pretend\u00edan que fuera Rajoy quien diera explicaciones sobre las opciones que hay sobre la mesa. P\u00fablicas y\u00a0en el hemiciclo. A esto el Ejecutivo\u00a0se niega. De hecho, Santamar\u00eda pide no hacer \u201cpol\u00edtica\u201d con un tema tan delicado. El socialista Pedro S\u00e1nchez, como pr\u00e1cticamente todos los\u00a0dirigentes de la oposici\u00f3n,\u00a0reclama directamente\u00a0que se vote \u201cno\u201d al acuerdo para que Turqu\u00eda se ocupe del colectivo a cambio de una serie de beneficios. Los populares, de momento, prefieren ser ambiguos y no aclarar cu\u00e1l es su opini\u00f3n sobre ese prepacto que ya se ha alcanzado con el Estado turco\u00a0que algunos ya han calificado como \"de la verg\u00fcenza\" y que, incluso, provoca serias dudas sobre su legalidad. Pero insisten en que tratar\u00e1n de negociar una posici\u00f3n com\u00fan antes del pr\u00f3ximo jueves. El socialista S\u00e1nchez, por su parte, quiere llevar la iniciativa y ha decidido enviar una carta a Rajoy y\u00a0al resto de jefes de grupos de la C\u00e1mara baja exigiendo formalmente el rechazo del acuerdo previsto con los turcos. Y el que el presidente en funciones comparezca en el Congreso."}}