El juez de los ERE cita a declarar como imputados a Chaves y Griñán

El juez Álvaro Martín ha citado a declarar en calidad de imputados (ahora se denominan investigados)  el próximo 16 de marzo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán dentro de una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. En su imputación formal por parte del Tribunal Supremo, el magistrado les imputó un delito de prevaricación administrativa y cuestiona el desconocimiento que esgrimieron los expresidentes cuando comparecieron ante este tribunal.

El objetivo de esta citación es incorporarlos a la causa y “garantizar el derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso”. Chaves y Griñán acudirán a declarar junto al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al que el TS acusó además de malversación por su “papel fundamental” en la concesión de ayudas millonarias a empresarios de Sevilla con afinidad política. Asimismo, cita a declarar el día 30 de marzo al resto de exconsejeros autonómicos implicados en el caso: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.

Todos ellos prestaron ya declaración la pasada primavera ante el Tribunal Supremo, dado que al ser en esa época miembros de las Cortes Generales su condición de aforados obligaba a desgajar esta parte de las diligencias para que fueran instruidas por un tribunal superior y no por el juzgado 6 de Sevilla que investiga el caso ERE y el destino de 851 millones de euros concedidos entre 2001 y 2012. Previsiblemente los dos expresidentes andaluces se acojan a la declaración realizada entonces, que fue afeada por el TS por el desconocimiento que esgrimieron de lo que sucedía en el departamento de Empleo.

PIEZA SEPARADA

Con esta declaración, el juez Álvaro Martín los incorpora formalmente a las diligencias del denominado “procedimiento específico”, una pieza separada del caso ERE en la que están incluidos hasta 51 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Esta pieza investiga la responsabilidad en la puesta en marcha de una fórmula para pagar las ayudas directas a empresas en crisis y las sociolaborales, el denominado sistema de transferencias de financiación, un mecanismo habitual en las empresas públicas para equilibrar las cuentas y que fue considerado inadecuado por la anterior juez instructora Mercedes Alaya. Ésta entendía que dichas ayudas debían haberse tramitado como subvenciones excepcionales, y que en cambio se suscribió un convenio marco en 2001 para cambiar el sistema de pago de forma que se concedieran con más agilidad pero también de forma discrecional, sin concurrencia ni publicidad  y al mismo tiempo eludiendo los controles de fiscalización.