Los que tiraron de la manta

En Italia se acuñó el término ‘pentito’ para definir a quienes se arrepienten de formar parte de una banda criminal y deciden colaborar con la justicia. En el mundo anglosajón se denomina ‘whistle-blower’ a los ‘garganta profunda’ que denuncian acciones ilegales en la organización donde trabajan. En España, los últimos casos de corrupción han salido a la luz a través de diferentes figuras. Los hay que son arrepentidos. Los hay que lo hacen por venganza. Otros tratan de reducir su condena. Y también hay quienes lo hacen por honradez. Estos son algunos de ellos.

'CASO NÓOS'

Antoni Diéguez y Pepote Ballester. Dos perfiles distintos para el mismo caso. El primero fue el diputado socialista que en el 2005, tras asistir a un congreso que organizó Iñaki Urdangarin en Palma, vio “algo raro” y pidió los papeles al Parlamento autonómico. Al comprobar que los dos días de evento costaron 1,2 millones de euros, organizó una rueda de prensa en febrero del 2006 para pedir explicaciones. El fiscal Pedro Horrach y el juez José Castro cogieron el testigo... y hasta aquí. En el lado opuesto de Diéguez estaba Ballester. Regatista olímpico y amigo del esposo de la infanta, participó con él en varios negocios de Nóos, hasta que en el 2009 lo detuvieron por el ‘caso Palma Arena’. Acorralado, decidió colaborar con la fiscalía para reducir sus penas. En el juicio inculpó a Urdangarin y Jaume Matas Jaume Matasen los chanchullos de la supuesta red corrupta.

'GÜRTEL', IMELSA', 'PÚNICA'

La telaraña se extiende principalmente por Madrid y Valencia. Hizo saltar uno de los corchos José Luis Peñas. Exconcejal del PP en Majadahonda, grabó conversaciones de Francisco Correa para después llevarlo a la fiscalía y sacar a la luz la Gürtel y una de sus derivadas, el ‘caso Bárcenas’. Otra de las personas que destaparon el escándalo fue Ana Garrido, una funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla que denunció amaños en el consistorio. Quedó relegada de su puesto de trabajo (denunció acoso laboral) y, arruinada, tuvo que vender sus objetos personales para subsistir.

También ha cambiado la vida de Marcos Benavent, que ha pasado del traje a la indumentaria hippie: estuvo presuntamente involucrado en las corruptelas del 'caso Imelsa', que se ha llevado por delante al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y ha estrechado el cerco sobre Rita BarberáRita Barberá. Para ver reducida su condena, grabó centenares de conversaciones que involucraban a dirigentes del PP y a empresarios. Algunas similitudes guarda este caso con el de David Marjaliza. Presunto socio del exconsejero madrileño Francisco Granados en la trama Púnica, está imputado por este escándalo de comisiones y salió de la cárcel bajo fianza después de colaborar con la justicia; es decir, después de cantar algo más que la 'Traviata' y hacer temblar al PP madrileño.

'CASO PUJOL'

Hacienda investigaba a la familia Pujol desde hacía años, pero la espoleta saltó definitivamente con el relato de María Victoria Álvarez en sede policial en el 2013. Entonces, como le había explicado en La Camarga a Alicia Sánchez-Camacho dos años antes, Álvarez acusó a su exnovio Jordi Pujol Ferrusola de llevar dinero a Andorra en bolsas de deporte. A partir de ese momento empezaron a eclosionar supuestos tejemanejes del clan y hasta el patriarca acabó confesando que ocultó fondos. 

EL 'CASO MILLET' Y EL 3%

Este verano hará siete años que Fèlix Millet admitió ante la justicia el desvío de fondos del Palau de la MúsicaPalau de la Música, institución de la que fue presidente. Lo hizo después de que la fiscalía de Barcelona presentara una querella contra él por apropiación indebida y falsedad. La madeja fue creciendo y los investigadores apuntaron al supuesto cobro de comisiones irregulares a través de la institución por parte de una fundación de CDC. ¿Era el 3%? Relacionados con ese guarismo, aireado también por Pasqual Maragall, han surgido otros escándalos. La exconcejala de ERC Montserrat Gassull denunció el año pasado el cobro de comisiones fraudulentas en Torredembarra. En el 2011, el concejal de la CUP en Reus David Vidal fue quien destapó el 'caso Innova', que implica a empresarios y gerentes del Institut Català de la Salut.  

'CASO ERE'

Dos empresarios de la capital andaluza, Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, denunciaron que los directivos de la empresa municipal Mercasevilla les habían exigido una comisión de 300.000 euros para la Consejería de Empleo de la Junta si querían obtener una subvención para construir una escuela de hostelería. La jueza Mercedes Alaya empezó a tirar del hilo en el 2011 y se detectaron irregularidades en prejubilaciones fraudulentas que se habían incluido en un ERE de Mercasevilla. Visto lo ocurrido, se amplió la investigación y el escándalo se extendió como una mancha de aceite.