LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

El tribunal mantiene a la infanta en el banquillo por el 'caso Nóos'

La infanta Cristina de Borbon durante el juicio por el caso Noos

La infanta Cristina de Borbon durante el juicio por el caso Noos / periodico

J. M. FRAU / PALMA

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La infanta Cristina deberá seguir en el banquillo de los acusados por el 'caso Nóos', como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. La Audiencia de Palma ha rechazado este viernes la petición de la defensa y de la Fiscalía Anticorrupción de eximir a la hermana del Rey del juicio en aplicación de la llamada 'doctrina Botín', que presupone que en los casos de delito fiscal la acción popular no puede ejercer la acusación en solitario, como ocurre en este caso con Manos Limpias.

Esta decisión implica que la hermana del Rey deberá sentarse en el banquillo de los acusados cuando se reanude el juicio, a partir del 9 de febrero, una vez resueltas todas las cuestiones previas, que se presentaron el pasado 11 de enero.

Las tres magistradas que forman el tribunal aducen en su auto que la 'doctrina Botín' no es aplicable en este caso porque los hechos concretos por los que Manos Limpias acusa a Cristina de Borbón han sido introducidos también en la causa por el resto de acusaciones, es decir, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que la consideran únicamente responsable a título lucrativo.

En cambio, en el proceso contra el fallecido banquero Emilio Botín, los hechos que se le imputaban como presuntamente delictivos solo fueron imputados por la acusación popular porque el fiscal y el abogado del Estado no veían delito. En consecuencia, concluye la Audiencia, se estima que su conducta es perseguible y, por tanto, no cabe la absolución de la infanta.

LA ACUSACIÓN POPULAR

El tribunal también se detiene en el análisis de la acusación popular y asegura que en este tipo de delitos está justificada. El auto rechaza tajantemente las argumentaciones de la defensa, de la fiscalía y de la Abogacía del Estado, que pretendían restar legitimidad a Manos Limpias. Basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sostiene que la acusación popular "se vería plenamente legitimada para accionar en solitario únicamente, cuando el delito perseguido proteja un bien jurídico de naturaleza difusa, colectiva o de carácter metaindividual y, o bien por la naturaleza del delito no exista un perjudicado u ofendido concreto o, concurriendo, no se haya personado en la causa".

Y recuerdan las magistradas que el delito contra Hacienda, del que está acusada la infanta como cooperadora necesaria, entra dentro de estos delitos de naturaleza "difusa" y daña un bien colectivo, por lo que la Agencia Tributaria no es el "único perjudicado" y cabe, pues, la acción popular.

La decisión de la Audiencia de Palma no es recurrible, aunque las partes podrán volver a plantear las cuestiones previas ante el Tribunal Supremo una vez se haya dictado sentencia.

LAS REACCIONES

Una vez conocido el auto del tribunal, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha afirmado no compartir la decisión, aunque la "respeta" y la considera "muy argumentada jurídicamente" y "sólida". El fiscal, que pidió el archivo de la acusación contra la infanta, ha opinado que es prematuro pronunciarse sobre un eventual recurso al Supremo, y ha avanzado que interrogará a la infanta Cristina durante el juicio porque la función de la acusación pública, "en defensa de la legalidad, implica interrogar no solo a los que uno acusa, sino también a los demás".

Según Horrach, "hoy por hoy, no hay pacto alguno" con los acusados, pero ha advertido de que "se pueden producir en cualquier momento y en la mayoría de los casos se producen habitualmente minutos antes de celebrarse el juicio".

"PENA DE BANQUILLO"

El abogado defensor de Cristina, Miquel Roca, ha anticipado que elevará una protesta ante la Audiencia de Palma, por considerar que se aparta de la "literalidad de la ley y de la doctrina consolidada y vinculante del Tribunal Supremo". "Desde la seriedad y el respeto a todas las instituciones judiciales", ha lamentado que a la infanta se le imponga lo que considera como "la pena del banquillo".

Por su parte, el juez que instruyó el caso, José Castro, rechazó atribuirse mérito alguno por la decisión de la Audiencia, que no obstante comparte plenamente: "Yo no he conseguido nada, se ha hecho", ha zanjado.