Una década de escándalo real

En febrero del 2006, el objetivo del combativo diputado socialista en el Parlamento balear Antonio Diéguez era el entonces presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas. A principios de aquel año, Diéguez denunció en rueda de prensa el desmesurado gasto de lo que él llamó un "acto de fin de semana sin demasiada relevancia". El parlamentario se refería al Illes Balears Fórum, un evento presentado meses antes por Matas como un "referente mundial que debía servir de embrión para un observatorio permanente de turismo y deporte, con sede en Mallorca".

El Instituto Nóos, que presidía el duque de Palma, <strong>Iñaki Urdangarin</strong>, era la entidad "sin ánimo de lucro" encargada de organizar las jornadas. Ante los medios de comunicación, Diéguez puso especial interés en cargar las culpas de aquel despilfarro sobre los hombros del presidente Matas, sin mencionar para nada que la entidad a la que la máxima autoridad de Baleares había beneficiado con más de un millón de euros era Nóos y Urdangarín, su presidente. Los esfuerzos del diputado -que hoy preside el consejo consultivo autonómico- fueron vanos, y en cuanto las primeras noticias de agencia llegaron a la sede central del PSOE en Madrid, hubo llamadas para pedir explicaciones.

CUATRO DELITOS

Está claro que ni Matas, entusiasta vendedor de humo durante sus años de gestión, que a partir de este lunes será juzgado por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, ni Diéguez, uno de sus críticos más duros, podían prever entonces la repercusión que todo aquello iba a alcanzar.

Cuatro años más tarde, el juez José Castro inició la instrucción del 'caso Nóos', cuya vista oral se inicia este lunes con el planteamiento de las cuestiones previas. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach y el juez Castro investigaban el 'caso Palma Arena', instalación deportiva cuyo coste final superó el doble del previsto, cuando se toparon con el pago de más de un millón de euros del Gobierno balear de Matas al instituto de Urdangarin y Diego Torres. Más de 70.000 folios en 100 tomos es el fruto de años de instrucción del caso. El cuñado del Rey ha declarado en dos ocasiones ante el juez Castro, con una expectación solo superada por la comparecencia de su esposa, la <strong>infanta Cristina</strong>, en febrero del 2014.

LA TERNA QUE IMPARTIRÁ JUSTICIA

El futuro de todos ellos, incluido el de la hermana del Monarca, queda a partir de hora en manos de las tres magistradas de la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares: Samantha Romero Adán, que será la presidenta y ponente; Rocío Martín Hernández y Eleonor Moyá Rosselló. Romero ingresó en la carrera judicial en el 2002 y su primer destino fue el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Vilanova i la Geltrú; a partir del 2007 fue magistrada de la Audiencia Provincial de Tarragona y en abril del 2015 se incorporó a la Audiencia Provincial de Baleares.

Martín sustituye a Juan Pedro Yllanes, que debía presidir el tribunal, pero en noviembre fue fichado por Podemos para su candidatura al Congreso por Baleares. En la carrera judicial desde el 2002, es magistrada de la Audiencia Provincial de Baleares desde septiembre del 2010. Y Moyá ejerció la abogacía hasta el 2010 y accedió al año siguiente en la carrera judicial. Es magistrada de la Audiencia Provincial de Baleares desde diciembre del 2013 y su primer destino fue en el Prat de Llobregat.