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decisión judicial

'President' imputado

Mas, Ortega y Rigau deberán declarar por un delito de «desobediencia" al Constitucional

El ministro Catalá afirma que se ha esperado a acabar la campaña y el Govern denuncia un "juicio político"

NEUS TOMÀS / BARCELONA

Artur Mas declara el 15 de octubre por la organización de la consulta del 9N / periodico (EFE / VÍDEO: ATLAS)

"Mas será imputado tras el 27-S". Este era el titular en portada a cinco columnas que publicó 'La Razón' el sábado, en plena jornada de reflexión. Y así ha sido. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictado este lunes la providencia por la que llama a declarar en calidad de imputados al presidente de la Generalitat en funciones, a la exvicepresidenta Joana Ortega, y a la 'consellera' de Ensenyament en funciones, Irene Rigau, por haber convocado la consulta del 9-N. El tribunal tomó la decisión tras recibir varias querellas, una de ellas de la Fiscalía Superior de Catalunya -por orden de la Fiscalía General del Estado-, que acusaba a los tres altos cargos de haber desobedecido "abiertamente" al Tribunal Constitucional.

Por si todavía alguien dudaba de que la separación de poderes es una entelequia, sepan que Alfonso Guerra tenía razón cuando hace 30 años dijo que Montesquieu había muerto. Fue cuando el PSOE aprovechó la mayoría parlamentaria que poseía para reformar la ley del Poder Judicial. Han pasado los años, se han sucedido los gobiernos y las reformas judiciales, pero la teoría del filósofo francés nunca se desempolvó.

RIESGO DE INHABILITACIÓN

Para prueba, las declaraciones que hizo este martes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicando que el TSJC no se había pronunciado antes sobre la imputación de los tres políticos catalanes para no interferir en la campaña electoral: "Se ha querido precisamente tener cuidado con no mezclar los tiempos judiciales con los tiempos políticos, y una vez que ha finalizado el proceso electoral continúa el judicial como por otra parte es lógico y razonable". Cabría añadir que, en su teoría, Montesquieu explicó que no hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. El recordatorio viene a cuento porque a la imputación de Mas hay que sumar que esta semana entra en vigor la nueva ley de seguridad nacional, redactada con la ambigüedad suficiente para que el Gobierno pueda declarar por decreto el estado de "crisis nacional" en casos, por ejemplo, como el de una proclamación de independencia de Catalunya.

Habrá quien interprete que se trata de movimientos enmarcados ya en la precampaña de las elecciones generales, pero aun así, y desde el respeto a las decisiones judiciales, cuesta entender la maniobra. Si Mas fuese condenado, sería inhabilitado para ocupar un cargo político y podría ir a prisión por malversación de fondos públicos, y eso, a ojos de centenares de miles de catalanes -incluso entre aquellos que no le han votado-, lo convertiría en un héroe. Casualidad o no, el todavía 'president' deberá prestar declaración el 15 de octubre, un fecha que coincide con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, el 'president màrtir', por parte del franquismo (un asesinato por el que aún nadie ha pedido perdón). Por cierto, una vez más, el exsecretario de comunicación del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez no supo contar hasta tres antes de tuitear que "el presidente de la Generalitat está feliz porque ya tiene lo más parecido a un fusilamiento: Qué bonito". Pongan ustedes los calificativos que consideren.

LAS RESPUESTAS

El Govern interpreta la decisión del TSJC como un "juicio político". La vicepresidenta, Neus Munté, tildó de "auténtica anomalía democrática" que alguien pueda querellarse contra quien puso las urnas para que la gente opinara sobre el futuro de Catalunya.

Por su parte, el PSC tildó de "error" la decisión judicial y avisó de que no ayuda en nada al diálogo. En cambio, Ciutadans se limitó a señalar que "cualquier español está sometido al Estado de derecho, se llame Albert Rivera o Artur Mas".

Una de las preguntas que surgen tras conocerse la imputación del 'president' es cuál sería la reacción de la CUP, más allá de denunciar la "guerra sucia" del Estado, y si en alguna manera podría condicionar su decisión de no facilitarle la reelección en el cargo. La respuesta la da el cabeza de lista y diputado electo, Antonio Baños, quien en una entrevista a La Sexta ha dejado claro que una cosa no tiene que ver con la otra y que, por lo tanto, no han cambiado de opinión. "Nosotros, lo que decimos en campaña lo cumplimos. Nuestros lemas son promesas".

La CUP insiste en que Mas "representa los recortes y la corrupción". Eso no está reñido, subraya, con la "defensa absoluta de las instituciones catalanas" por parte del partido independentista y anticapitalista, ni con su "solidaridad" con los tres imputados por el 9-N.

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