La Policía ha detenido a 201 personas por corrupción en 2015 en España
Actualmente la Policía Nacional mantiene activas nueve operaciones sobre corrupción en Catalunya
La Policía Nacional ha detenido a 201 personas desde principios de año en operaciones en España contra la corrupción, una práctica que supone junto al terrorismo una de las principales amenazas para la democracia, según ha advertido el director de la Policía, Ignacio Cosidó.
Cosidó ha clausurado en Barcelona unas jornadas sobre la financiación irregular de los partidos y del terrorismo, organizadas por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), en las que se ha puesto de relieve la necesidad de combatir el blanqueo para erradicar tanto la corrupción política como el terrorismo.
En su intervención, Cosidó ha detallado que en 2015 la Policía Nacional ha abierto un total de 22 investigaciones por casos de corrupción, por delitos como el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias, que se suman a algunas de las 233 que se abrieron en el período 2012-2014 y que aún siguen abiertas. En el período 2012-2014, la Policía Nacional investigó a 1.944 personas y detuvo a 803 sospechosos de corrupción, con un incremento del 50 % de los casos abiertos en 2014, año que en el que el número de arrestados superó por poco los 200, cifra que casi se ha alcanzado en los primeros meses de 2015.
DELITO DE COHECHO
Cosidó ha detallado que casi la mitad de las investigaciones abiertas por la Policía Nacional por corrupción en España desde 2012 lo son por el delito de cohecho, el 43 % por malversación, el 37 % por prevaricación y el 80% por los tres delitos. No obstante, ha reconocido que la lucha contra la corrupción política es "particularmente compleja", ya que demostrar un soborno o una financiación ilegal es "complejo judicial y policialmente", ante la falta de rastro documental que acostumbran a dejar estos casos, si bien el grado de eficacia de las investigaciones policiales sobre esta materia supera el 50 %.
Respecto al terrorismo yihadista, Cosidó ha indicado que en España la Policía Nacional ha abierto en 2015 un total de 11 operaciones, con 25 detenidos, de las que tres han sido en Catalunya, con 11 arrestados. Cosidó ha advertido de que, tanto el terrorismo como la corrupción, siendo de naturaleza distinta, constituyen una de las "principales amenazas" para la democracia, y ha apuntado que ambas se viven "con intensidad" en Catalunya, donde actualmente la Policía Nacional mantiene activas nueve operaciones sobre corrupción.
"La lucha contra la financiación del terrorismo y contra la financiación ilegal de los partidos es un instrumento básico para ser eficaces contra esas amenazas a la democracia", ha subrayado. Cosidó ha apuntado que no se puede garantizar al 100 % la seguridad de un país ante la amenaza terrorista, ya que ello supone una "utopía imposible", si bien ha apuntado que los españoles pueden estar "satisfechos" de la labor de las fuerzas de seguridad del estado, ya que hacen lo que "humanamente pueden" en la "lucha común" contra el terrorismo.
ATENTADOS
Al igual que había sostenido horas antes en las jornadas el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que presidió el juicio por los atentados por el 11M, Cosidó ha advertido que cometer un atentado yihadista es "relativamente barato". No obstante, también ha considerado, al igual que Gómez Bermúdez, que las conexiones entre los terroristas yihadistas y los grupos criminales clásicos facilitan las investigaciones, ya que, a través de delitos comunes, como el narcotráfico, se puede descubrir la intencionalidad de cometer atentados.
En el marco de estas jornadas también se ha celebrado hoy una mesa redonda con especialistas del CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra en la lucha antiterrorista, que han coincidido en la importancia de luchar contra el blanqueo para seguir el rastro de la financiación de los terroristas. Según estos expertos, que consideran que el riesgo de la amenaza terrorista yihadista es real en España y en Cataluña, el blanqueo cada vez más se dirige hacia países de Oriente Medio, porque los responsables políticos de la zona no acostumbran a colaborar cuando se les pide información financiera.
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