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LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA

Transparencia, día D

El 1 de julio entrará en vigor la ley que obligará a la Generalitat y a los ayuntamientos a responder ante el ciudadano

La norma difundirá sueldos y patrimonio de altos cargos y regulará los lobis

JOSE RICO / BARCELONA

Como la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también debe parecerlo, la Generalitat está apuntalando estos días sus paredes para intentar hacerlas de cristal. La reforma tiene que estar acabada el 1 de julio porque echa a andar la ley de transparencia que el Parlament aprobó hace medio año. «Habrá un antes y un después. Será un revulsivo», predice Núria Bassols, comisionada del Govern para la transparencia y el acceso a la información pública. El epicentro de ese «revulsivo» será un portal web que impondrá a administraciones, entidades públicas y un amplio abanico de empresas privadas un auténtico estriptís: sueldos, patrimonios, plantillas, contratos, subvenciones, presupuestos... Y lo que no se encuentre podrá ser requerido por los ciudadanos.

Un ejemplo: «Si una persona no está de acuerdo con una carretera o un equipamiento que la Generalitat o un ayuntamiento proyecta, podrá solicitarle que le detalle toda la información sobre la planificación del proyecto. El portal recogerá los comentarios y sugerencias de la ciudadanía», explica Bassols. Para efectuar la consulta bastará con facilitar un nombre y un domicilio y ser mayor de 16 años. La administración correspondiente deberá contestar en el plazo de un mes o, en su defecto, razonar al interesado por qué no se le facilita la información demandada.

Silencio positivo

Bassols admite que la Administración tendrá siempre la última palabra, y podrá tener en cuenta o desdeñar la opinión de la ciudadanía. «Pero si no hace caso, entonces el ciudadano podrá decidir mejor su voto en las elecciones», señala. Si la Administración no responde, se interpretará como un 'sí' a la pregunta. Es lo que se conoce como el silencio positivo, y es una de las principales innovaciones de la ley catalana, a diferencia de la estatal, en la que el silencio de la Administración se entiende como un 'no' a la pregunta.

La comisionada quiere ser tajante en cuanto a la efectividad que tendrá la ley, aunque no puede evitar tirar de cautela: «El portal será una herramienta para los honestos. Acabar con todos los casos de corrupción será imposible porque siempre hay gente que vulnera la ley. Pero con un control tan exhaustivo será mucho más difícil infringirla y, en todo caso, les pillaremos antes». Y es que difundir los trámites de una obra no implica controlar si el dinero se ha manejado correctamente o si se han producido conductas ilícitas.

La web proporcionará toda la información sobre los concursos públicos y la remuneración de todos los trabajadores públicos, así como las actividades y los bienes del 'president' y los 'consellers' del Govern, los altos cargos y los directivos de fundaciones y consorcios, y las dietas y las indemnizaciones que cobrarán cuando dejen la Administración.

Multas de 12.000 euros

La ley afectará a la Generalitat, ayuntamientos, entidades locales, empresas públicas, empresas privadas que reciban dinero público, universidades, partidos y fundaciones, patronales y sindicatos. Los que no cumplan se arriesgan a una multa de hasta 12.000 euros y quienes manipulen información o no entreguen todos los datos de que disponen podrán llegar a ser destituidos del cargo.

El aspecto más pionero de la ley es la regulación de lobis, que deberán cumplir un código de conducta en busca de su «normalización». «A partir de ahora sabremos cuántos grupos de interés hay, a qué se dedican y, sobre todo, cuándo se reúnen con los altos cargos del Govern», expone Bassols.

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