Chaves afirma que no ha tomado nunca una decisión política ilegal

El que fuera durante 19 años presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se presentó ayer ante el Tribunal Supremo como un político honrado que no ha tomado "en su larga trayectoria" ninguna decisión "política" basada "en la ilegalidad". Así consta en su declaración como imputado ante el juez. A las puertas de la sede judicial, ratificó ante los periodistas su posición. "Nunca, jamás, he adoptado ninguna decisión ilegal", subrayó. Y delegó en los jueces la decisión sobre si la actuación "individual" de alguna persona causó "un fraude o no" y si este "fue grande o pequeño".

La declaración del dirigente socialista ante el juez Jorge Alberto Barreiro se prolongó durante dos horas y media y es la más corta de las tres que han tenido lugar en el Supremo en relación a la causa que investiga el fraude los ERE. El juez centró su interrogatorio en el grado de conocimiento del expresidente de la Junta de las irregularidades en este sistema de ayudas mientras presidía el Gobierno andaluz.

LA TRASCENDENCIA

Sin embargo, Chaves no pudo aportar mucha información porque nadie le habló "nunca", dijo, de las deficiencias detectadas por la Intervención en Andalucía. Por ello, afirmó que si no recibió estos documentos fue porque ningún interventor lo consideró necesario. "No tenía trascendencia suficiente", señaló ante el togado, para informar al presidente de la Junta.

Asimismo, explicó que los entonces consejeros de Empleo y Economía, José Antonio Viera y José Antonio Griñán, tampoco le comentaron estos informes ni le comunicaron la existencia de ilegalidades en el procedimiento de ejecución de estas ayudas. Además, rechazó conocer al director general de Empleo, Francisco Guerrero, que estuvo encarcelado por orden de la jueza de Sevilla Mercedes Alaya.

Chaves aclaró al juez que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba los presupuestos porque estaban "bendecidos", pero que en este órgano no se discutían ni partidas ni programas, sino los ingresos y su distribución entre las consejerías. Después, se aprobaban en el Parlamento. Por ello, resaltó que durante estos debates parlamentarios ningún diputado puso objeciones a estas cuentas ni a las partidas de los ERE. Y expresó su sorpresa porque ningún parlamentario haya visto nada ilegal en 10 años de tramitación.

Asimismo, negó conocer detalladamente este sistema de ayudas, aunque admitió que estaba al tanto de los criterios generales; es decir, de que las subvenciones iban dirigidas a empresas que estaban en crisis o en proceso de reconversión para ayudar a los trabajadores despedidos o prejubilados. Pero no pudo aportar dato alguno sobre el procedimiento para lograr estas ayudas.

EMPRESAS CON PROBLEMAS

El diputado en el Congreso admitió estar al corriente de los problemas y los conflictos de las empresas en Andalucía y confirmó que en estos casos planteaba que se buscaran soluciones, pero nunca descendió a la arena para verificar cómo se les ayudaba. Y es que, según su versión, no tuvo una visión clara de estas subvenciones hasta que preparó su comparecencia en la comisión del Parlamento andaluz. "En el 2001 no conocía estas ayudas", sostuvo ante el togado.

Estas explicaciones solo tuvieron un objeto: reiterar que nunca tuvo constancia de alguna ilegalidad o irregularidad cuando presidió la Junta. A la salida del alto tribunal reiteró su declaración: "No he conocido, mantenido o impulsado ninguna ilegalidad".

Griñán, exconsejero de Hacienda y expresidente de la Junta, negó en esta misma sede judicial que "hubiera un gran plan" en torno a los ERE, pero sí reconoció "un gran fraude". Un juego de palabras para negar que esta trama fuera organizada.