El hilo de Martínez Madero

Por estrambótico que parezca, la madeja inicial de la que en su día tiró el fiscal anticorrupción Luis Pastor para poner en pie la llamada operación Pretoria comenzó con una investigación sobre las cuentas de la Expo'92 de Sevilla. En esa operación, el entonces fiscal anticorrupción, David Martínez Madero, registró un despacho del

BBVA ante la negativa de la entidad a dar información sobre unos movimientos de su filial en Jersey que destaparon las actividades del presunto comisionista en la Expo Juan Piña Oliver.

En el curso de esta investigación se halló por azar, en el despacho de unos gestores de la rama de banca privada de la entidad (BBVA Privanza Bank), un «manual de productos fiduciarios» -estructuras creadas para defraudar al fisco-. Y, lo que resultó esencial para el caso, también se encontró una cuenta de corresponsalía usada como vía para el blanqueo de capitales y evasión fiscal de un selecto grupo de clientes preferenciales del banco. Tirando del hilo se llegó a Santa Coloma de Gramenet. Casi nada.

Corrupción transversal

La operación Pretoria supuso un golpe durísimo para los socialistas catalanes, que vieron cómo uno de sus ayuntamientos emblemáticos del área metropolitana, Santa Coloma de Gramenet, era acordonado por guardias civiles que mientras registraban el despacho del alcalde escuchaban los gritos de decenas de vecinos llamando «chorizo» a Bartomeu Muñoz.

La escena ocurrió hace cinco años y la operación fue el pistoletazo de salida a las investigaciones posteriores que han situado a numerosos ayuntamientos en el foco de una corrupción casi generalizada que en aquellos años de bonanza económica y mucha obra pública llenó los bolsillos de algunos.

Pretoria sorprendió por la transversalidad política de los imputados. ¿Qué hacía un alcalde socialista en la misma trama corrupta que dos de los altos cargos de CiU más duros de la época de Jordi Pujol? En su primera entrevista tras pasar dos meses en prisión preventiva, Muñoz explicó a este diario que habló por primera vez con Macià Alavedra y Lluís Prenafeta en la cárcel de Brians. Y aseguró: «No he hecho nada que no hicieran o hagan otros alcaldes».

Al margen de la investigación, el caso Pretoria desató un debate paralelo y bautizó lo que se conoció como «la pena del telediario». La mañana en la que Prenafeta y Alavedra fueron conducidos en un furgón a la Audiencia Nacional ante el juez Baltasar Garzón, las cámaras pudieron retratarles esposados, sujetándose los pantalones para evitar que se les bajaran y acarreando unas bolsas de plástico de color azul con sus pertenencias. Aquellas escenas, que algunos calificaron de «denigrantes», desembocaron en una investigación que determinó que la furgoneta de la Guardia Civil no cabía por la puerta de entrada al garaje de la antigua sede de la Audiencia Nacional y que por eso los detenidos pudieron ser retratados.

Un año después, Prenafeta publicó un libro relatando en primera persona lo que calificó como una «terrible pesadilla». El día de la presentación, con lágrimas en los ojos, defendió nuevamente su inocencia y pronosticó que el caso «no llegará a juicio». Pues está a un paso del banquillo.