CONVOCATORIA PROHIBIDA POR LA JUNTA ELECTORAL Y EL SUPREMO
Los Mossos levantan 146 actas por instalar urnas del multirreferendo
Los Mossos d'Esquadra han levantado 146 actas administrativas en diferentes puntos de Catalunya por la instalación de urnas del multirreferendo, prohibido por el Tribunal Supremo (TS). El 'conseller' de Interior, Ramon Espadaler, ha explicado que, en total, se ha identificado a 500 responsables de las mesas y se ha denunciado a los representantes de 9 mesas por desobediencia, ya que se han resistido u opuesto, sin llegar al a violencia, a acatar la prohibición.
En determinados municipios, han sido las policías locales las que han impedido que los promotores del multirreferendo montaran las urnas en la calles, por ocupación de la vía pública sin permisos municipales.
Los promotores de la iniciativa, que pretende consultar a los ciudadanos sobre cuestiones como el pago de la deuda, el futuro del macrocomplejo de ocio Barcelona World o los transgénicos, han desafiado la prohibición del Supremo y mantienen en la calle los 270 puntos de votación, distribuidos en 130 municipios de toda Catalunya.
Desobediencia civil pacífica
Gerard Batalla, portavoz de la organización, se ha mostrado convencido de que no se podrá actuar contra los promotores de la consulta, pese a la prohibición judicial, y ha defendido que las urnas suponen un "acto de desobediencia civil, aunque pacífico" a las restricciones impuestas por la Junta Electoral y el Supremo. Los organizadores de la consulta ciudadana, que llevan una semana recogiendo votos anticipados, se han mostrado convencidos de que su iniciativa no ha interferido en la campaña electoral europea en ningún momento.
Los portavoces de la plataforma han llamado a la ciudadanía a participar en su consulta, que defiende el derecho de la población a decidirlo todo, más allá de los cargos electos que se escogen en los comicios. Multireferendo es una convocatoria de distintas entidades que proponen siete preguntas, sobre si Catalunya debe tener una agricultura transgénica, dejar de pagar la deuda que la ciudadanía declare ilegítima, garantizar el control ciudadano de las políticas energéticas o someter a referendo las iniciativas legislativas populares rechazadas en el Parlament. La consulta también interroga sobre cuestiones locales, como el futuro del proyecto BCN World, la gestión del abastecimiento del agua en Lleida o la construcción de la línea de Muy Alta Tensión (MAT).
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