Cañas dimite como diputado al ser imputado por fraude fiscal

El diputado de Ciutadans  Jordi Cañas anunció ayer que el próximo lunes dejará su escaño en el Parlament después de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) lo haya imputado por colaborar presuntamente en un fraude a Hacienda de 429.203 euros cometido a través de un entramado empresarial en el que participaba. El político anti-soberanista aseguró en rueda de prensa que ha tomado la decisión de abandonar la Cámara catalana para «dignificar» la política. Le sustituirá Carmen Pérez, doctora y miembro del comité de empresa del Hospital de Sant Pau que destapó las irregularidades en la gestión del centro.

Cañas, que ha sido citado a declarar el 15 de mayo, es el primer parlamentario catalán que dimite en esta legislatura después de ser imputado. CiU y el PSC tienen cada uno a dos encausados que siguen en su escaño: Oriol Pujol y Xavier Crespo, y Daniel Fernández y Cristòfol Gimeno. «Los representantes públicos tienen que dar ejemplo. Yo no quiero dar ejemplo. Quiero tener un comportamiento ejemplar», sostuvo ayer Cañas. También explicó que quiere regresar a la política de forma activa cuando se aclare el proceso judicial. «Sé que muchos se van a alegrar de esto, y a los que se puedan alegrar, les digo: volveré», espetó.

En enero, cuando se abrió la investigación, Cañas ya dimitió como portavoz del grupo parlamentario de Ciutadans y afirmó que dejaría su escaño si era imputado. Lo que no aclaró es si también cesará como secretario de acción política del partido. Esa decisión, dijo, compete a la dirección, aunque dijo contar con el apoyo de su líder, Albert Rivera.

BAILE DE FACTURAS / El TSJC, órgano competente para investigar a diputados, abrió diligencias porque, a su entender, «existen indicios» de que Cañas «pudo haber participado en hechos susceptibles de ser un delito contra la Hacienda pública» cuando era socio de dos empresas inmobiliarias. El ahora imputado, que pierde la condición de aforado con  su dimisión en el Parlament, desempeñaba su trabajo en un local desde donde también se controlaban las sociedades del grupo Corbelia, implicadas en la trama, y que a su vez era el domicilio de una empresa que defraudó supuestamente 429.203 euros.

Según el TSJC, hay indicios de que para defraudar se operó de dos formas: la emisión y recepción de facturas que no corresponden a prestación de servicios de las sociedades del grupo Corbelia y el aumento fraudulento del precio de adquisición de un inmueble por parte de Inma & Marc. Esta sociedad emitió una factura a favor de una empresa de Cañas. El alto tribunal ha citado a otros 10 imputados.