Operación Pitiusa. El valor de los datos personales
Una red organizada se dedicaba a la venta de información individual a gran escala para grandes empresas
Uno de los detenidos en la operación Pitiusa el pasado año. / mb/asc
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoUna treintena de personas están en el objetivo policial de laoperación Pitiusa. Detectives, empresarios y agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria están implicados en el rentable tráfico y la venta de datos personales. La mayor parte de las detenciones -16-, se han llevado a cabo en Barcelona, si bien también se han producido arrestos en Madrid (5), Cantabria (2), País Vasco (2) y Aragón (1), además de en Andalucía. Una verdadera red contra la intimidad de las personas, una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio español. Las empresas utilizan esa información para la planificación de campañas publicitarias o lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo. Los datos con los que se comerciaba abarcan desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria y con ellos sus compradores podían alcanzar una situación ventajosa frente a otras empresas de la competencia.
La operación, que sigue abierta, está dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, en colaboración con los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Pedro Horrach. Entre los detenidos figuran sobre todo detectives, aunque también hay agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria.
En mayo del año pasado la Policía Nacional detuvo a 88 personas en el marco de la operación Pitiusa. A los arrestados se les atribuía la presunta comisión de los delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales. Entre los detenidos había 40 detectives privados, 15 empleados públicos y 33 empresarios, asalariados y particulares.
Origen de las investigaciones
El origen de estas investigaciones se sitúa en marzo del 2011 en Barcelona por las actividades de un policía local, exdetective privado, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público. Posteriormente se descubrió que formaba parte de una estructura organizada más amplia.
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