La aventura de la inmersión

El modelo lingüístico escolar catalán ahora cuestionado empezó a forjarse en 1978. Antes de la Constitución, el Gobierno español aprobó un real decreto que establecía la asignatura obligatoria de catalán e introducía la posibilidad de utilizarlo como lengua vehicular. Una vez aprobados la Constitución y el Estatut de 1979, que no fijan ningún modelo lingüístico escolar, el primer Govern de la Generalitat tomó sus primeras decisiones en esta materia, que se orientaban hacia un modelo de los llamadosseparatistas. Así, el decreto 270/1982 permitía a los centros utilizar una única lengua vehicular en todas las materias (catalán o castellano). En este contexto, los partidos políticos catalanes se embarcaron en la redacción de la ley de normalización lingüística, en una trabajosa búsqueda de consenso donde terminaron prevaleciendo las tesis de los partidos de izquierda, que veían en una sola red escolar con el catalán como lengua principal una de las claves de la cohesión social.

La ley de normalización no introdujo la inmersión lingüística (solo anuncia que la lengua catalana debe ser usada «progresivamente»). En su despliegue sí se detectó un cambio de rumbo. El decreto 362/1983 apuntó a una generalización de la docencia en catalán. A instancias del Gobierno español, el decreto fue modificado para incluir la obligación de impartir al menos una materiaencastellano -una obligación ampliamente olvidada tanto en la legislación posterior como en la práctica de las escuelas.

El proceso de generalización del catalán como lengua vehicular culminó en los llamadosdecretos de inmersiónde 1992, que desarrollan la LOGSE en Catalunya. El decreto 75/1992 es el primer texto normativo de la historia que dice que el catalán «se utilizará normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje». Paralelamente, el naciente modelo lingüístico escolar catalán fue objeto del primer desafío judicial serio. Tras un largo proceso, la ley de 1983 terminó en la mesa del Tribunal Constitucional, que en 1994 emitió una sentencia histórica que dio el visto bueno al papel del catalán como «centro de gravedad» del sistema educativo. Las controversias actuales sobre el modelo lingüístico escolar derivan de una mala lectura de aquella sentencia.ContraJosé Ignacio Wert, el TC aclaró que la Constitución no establece un derecho a elegir la lengua vehicular de la enseñanza;contraIreneRigau, estableció que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular.

La ley de 1998 y el Estatut

Una vez salvada la ley de 1983, el legislador catalán procedió a blindar la inmersión introduciéndola en la ley de política lingüística de 1998 y en el nuevo Estatut del 2006. La ley de 1998 no fue recurrida (Aznartodavía hablaba catalán en la intimidad), pero sí lo fue el Estatut. La impericia del legislador catalán (que inventó un derecho a recibir la enseñanza en catalán) sugirió a los magistrados del TC que también existe un derecho a recibirla en castellano. A partir de ahí el Tribunal Supremo empezó a cuestionar la inmersión. En sus sentencias del 2010 pidió la «reintroducción» del castellano como lengua vehicular en todos los cursos, con el leve matiz de que corresponde a la Generalitat fijar el porcentaje «dado el estado de normalización lingüística alcanzado».

El último hito es el anteproyecto del ministroWert, que se agarra al Supremo: el castellano debe ser vehicular, aunque la Administración puede dispensar un «trato diferenciado» al catalán «en función del estado de normalización lingüística». PeroWertva más allá del Supremo y se inventa un engendro que no sobrevivirá al trámite parlamentario: si en una localidad no hay escuelas donde el castellano sea vehicular junto al catalán, los padres interesados podrán enviar a sus hijos a escuelas privadas que utilicen el castellano como única lengua vehicular, a cuenta de la Administración autonómica. (Entre otras cosas, este no es el modelo queAlicia Sánchez-Camachovendió en las elecciones.)

En este debate se ha perdido de vista el único principio que, al menos sobre el papel, comparten unos y otros. Los alumnos catalanes deben terminar sus estudios sabiendo catalán y castellano. Todas las evaluaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa muestran que el conocimiento del castellano de los alumnos catalanes es comparable al de sus colegas del resto de España. Pero claramente la discusión no se sitúa en el plano pedagógico sino en el estrictamente político. En esta materia, el PP ha experimentado un giro: en su programa para las elecciones del 2004 no había ninguna referencia al castellano como lengua vehicular; en el del 2008 surgió la idea del «bilingüismo integrador», según la cual el castellano debía ser vehicular «junto con la otra lengua cooficial». SiMarianoRajoyno quiere que el bilingüismo integrador acabe desintegrando a España, debería plantearse muy seriamente la continuidad del ministroWert. Con semejante problema en el Ministerio de Educación, niDuranva a ser capaz de rehacer puentes con el PP.