Fusiones con consenso (relativo)

El anuncio de que el Gobierno quiere agrupar municipios para que den servicios mejores y, sobre todo, más baratos ha sembrado inquietud en toda España. El hecho de que varios miembros del Ejecutivo hayan subrayado en diversas ocasiones que casi la mitad de los 8.116 municipios españoles son inviables económicamente hace temer un proceso que podría ser traumático si se hiciera por el ordena y mando.

El secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que supervisa de cerca el grupo de trabajo que está decidiendo cómo hacerlo, quiso despejar ayer esos temores y aseguró que el Gobierno no tiene voluntad ni de decidir qué municipios se tienen que fusionar ni tampoco de obligar a los que tengan menos de una cifra concreta de habitantes.«Sería un inmenso error que se hiciera de manera unilateral y sin consenso previo. Si no hay consenso no tendría futuro», afirmó Beteta en un desayuno de trabajo en Madrid.

Unas palabras que pueden tranquilizar, aunque solo relativamente. Beteta añadió que lo primero que debe hacer el Gobierno es aclarar qué competencias debe dar cada administración (ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma...) de manera que se eliminen duplicidades y solapamientos. Una vez se tenga claro qué tiene que asumir cada una y de dónde sale la financiación, los órganos competentes de las comunidades autonómas establecerán unos estándares mínimos de calidad de los servicios municipales, incluidos también los dados por los caseríos, parroquias, aldeas, barrios, concejos y pedanías.

Esos estándares marcarán, entre otras cosas, apuntó Beteta, la «masa crítica» mínima que será necesaria para que una administración pueda dar un servicio, por lo que el Gobierno -que deberá promover las reformas legales necesarias- propiciará la fusión de municipios o la extinción directa de caseríos o aldeas.

«Una vez que definas cuáles son las competencias y el grado de eficiencia y eficacia que se te va a exigir, tú vas a tener que llevar a cabo esa doble actuación: o tus servicios se mancomunan en la diputación o te fusionas hasta llegar a ese número crítico para ser eficaz y eficiente en la prestación de los servicios. No te va a quedar otra»,afirmó el secretario de Estado.

Sin miedo

Beteta considera que no hay que temer esas fusiones o extinciones porque no todos los ayuntamientos, dijo, son capaces de llevar «cuentas ordenadas y de prestar servicios de manera eficiente a sus ciudadanos». Él defiende el fortalecimiento de las diputaciones provinciales y lamenta que algunos propongan su eliminación.«No supondría ningún ahorro, solo se traslada el gasto de unas entidades a otras»,añadió.

Para demostrar que las entidades locales necesitan una reforma puso el ejemplo de un pueblo de Guadalajara que necesitaría 7.058 años para pagar sus deudas. Otro de Teruel tardaría 462.«El sistema ha fallado, por lo que hay que cambiarlo», concluyó.