El conflicto de Melilla, más allá de la frontera

El conflicto que se desarrolla estos días en torno a la frontera hispano-marroquí en Melilla tiene tres dimensiones. La más obvia son las tensiones acumuladas en el paso de frontera, un punto caliente usado por miles de personas cada día, con incidentes que generan acusaciones marroquís de racismo y españolas de machismo. Ceuta y Melilla tienen un particular estatus en el espacio Schengen que les permite recibir la visita diaria de cientos de ciudadanos marroquís de las provincias vecinas que no necesitan visados, a los que se les suman en verano miles de ciudadanos marroquís que van y vienen de Europa.

Esta movilidad diaria es una de las explicaciones de la segunda dimensión del conflicto: el contrabando. Eufemísticamente llamado comercio irregular, el contrabando constituye el principal motor de la economía de esas ciudades, habiendo llegado a generar hasta un 70% de su actividad. Además de la movilidad de personas, este contrabando se explica por la condición de puerto franco de las ciudades, su fiscalidad favorable (no se paga IVA, por ejemplo), la diferencia de precios a ambos lados de las fronteras y, sobre todo, la permisividad de las autoridades. A sabiendas de que constituye la forma principal de vida de miles de familias españolas y marroquís, ninguno de los dos gobiernos toma una acción enérgica para detener este tráfico irregular. Con la eliminación total de las restricciones al comercio entre Marruecos y la UE prevista para el 2012, el contrabando perderá su sentido. Mientras, la tolerancia con esta actividad ilegal erosiona el Estado de derecho y contribuye a la tensión en la frontera.

Soberanía a largo plazo

La tercera dimensión del conflicto, la más profunda, es la soberanía. En lo táctico, las autoridades marroquís dan rienda suelta a una reclamación ampliamente compartida por sus ciudadanos cuando les conviene, y la frenan cuando hay que mejorar la relación con España. Pero, en lo estratégico, Marruecos no tiene ninguna intención de abandonar la reivindicación a largo plazo, aunque a corto plazo pueda silenciarla en pos de objetivos más urgentes. Puesto que las Naciones Unidas no reconocen a las ciudades como territorio sujeto a descolonización, y dado que la población de ambas se muestra claramente a favor de su pertenencia a España, se hace difícil pensar que el Gobierno español altere su posición.

España, sin embargo, debe ser consciente de que la anomalía de las ciudades no es solo su situación geográfica (el único territorio de África todavía administrado por un Gobierno europeo), sino también su insostenible modelo económico. El Gobierno español no debería entrar en la discusión sobre la soberanía bajo presión, pero resolvería en falso el actual conflicto si lo hiciese solo con llamadas y visitas de alto nivel. Se impone diseñar un funcionamiento económico y social basado en las mismas reglas que rigen para todo el Estado, que ofrezca a la ciudadanía de Ceuta y Melilla un futuro viable a medio y largo plazo.