Los expertos consideran que el TC ha ido más allá de sus funciones

La Associació d'Amics de la UAB reunió ayer a un grupo de expertos en Derecho para analizar el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. El diagnóstico no fue nada optimista. Quizá la constatación principal es que el TC fue en algunos campos bastante más allá de sus funciones. Los participantes se dividieron el diagnóstico por ámbitos sectoriales.

Sobre nación y símbolos habló el catedrático de Derecho Administrativo de la UAB Joaquim Ferret, quien minimizó los recortes en dichos campos, al fin y al cabo centrados en el preámbulo y por lo tanto sin efecto jurídico, «un desahogo emocional», pero aseguró que sí resulta inquietante que la sentencia niegue a Catalunya derechos históricos que se reconocen a otras comunidades. Por ello, opinó, irónico, que Catalunya queda peor que antes en elrankingde comunidades.

Al profesor titular de Derecho Administrativo de la UPF Antoni Bayona le correspondió hablar de lengua y de competencias. En el primer caso, advirtió de que garantías que se daban por blindadas ya no lo están: queda excluido el derecho de conocer el catalán. «Un ciudadano podrá alegar desconocimiento del catalán, pero no del castellano», dijo. También cree en cuestión el uso del catalán como única lengua por parte de la Administración autonómica. Advirtió de que la sentencia puede traer «sorpresas desagradables» en el campo lingüístico. En cuanto a las competencias, juzgó «catastrófico» el efecto del fallo: «Quita valor jurídico al Estatut».

PLANTEAMIENTO FALSO / Manuel Gerpe, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, aseguró contundente que el TC juzgó el capítulo de justicia partiendo de que el texto pretendía un poder judicial propio adscrito a las instituciones políticas catalanas. Y subrayó que eso es falso.

El catedrático de Constitucional de la UB Enoch Albertí se centró en la financiación. Dijo que ahora ya solo depende de la buena voluntad del Gobierno que se cumplan objetivos clave del Estatut que el TC ha diluido: que las comunidades deban ser solidarias en proporciones similares y que el Ejecutivo dedique recursos a infraestructuras en Catalunya durante siete años.