100 días

Este miércoles se cumplen 100 días desde que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez están en prisión. Y 83 de la prisión de Junqueras y Forn. Aunque sea desde la más radical divergencia ideológica, pero también desde la radical defensa del Estado de derecho, reconozcamos que es incomprensible. No se entiende si no es desde una perspectiva que va más allá del estricto cumplimiento de la ley y que se adentra en los terrenos de la virulencia institucional. Las penosas circunstancias personales, la enorme desolación que genera en las familias y los amigos, el hurto de tantas emociones, de tantos días –festivos y laborables, gozosos o grises–, de tantos abrazos, hacen que la prisión sea aún más dramática. En una fecha como esta, sin embargo, detengámonos en lo absurdo. Están ahí por un supuesto delito que el juez Llarena, como ha escrito el catedrático Pérez Royo, no se atreve a hacer explícito en el foro de la comunidad internacional porque no se atreve «a convencer a ningún juez de un Estado de derecho que sea digno de ese nombre que la conducta es constitutiva de delito».

Y ya que hablamos de Llarena, ¿cómo se puede entender que la decisión judicial, referida a Puigdemont y a la euroorden de detención, hable de presunciones hipotéticas o de estrategias políticas cuando solo debería tener en cuenta la magnitud del peso de la ley? Si hay delito y es tan grave, ¿por qué no se persigue hasta el final? ¿Por miedo a qué? ¿Juzgan el pasado o es que quieren discernir el futuro?