Pensiones, votos y brindis al sol

La ministra Fátima Báñez, ayer en el pleno del Senado.

La ministra Fátima Báñez, ayer en el pleno del Senado.

Salvador Sabrià

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Los diputados que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo llevan cerca de un año trabajando en posibles medidas para reformar el sistema público de pensiones para asegurar mejor su sostenibilidad y lo habían hecho hasta hace solo unas semanas en un clima de bastante discreción. El objetivo de los congresistas era avanzar en todos los puntos en los que fuese posible el máximo acuerdo y aparcar para ello los que fueran líneas rojas por alguna de las fuerzas representadas. El más fuerte de estos límites era la voluntad del PP de no salirse de la senda de limitar el aumento anual de las pensiones al mínimo del 0,25% que se desprende de la fórmula vigente actualmente y que es el que el Gobierno consignó en los Presupuestos Generales del Estado del 2017, ahora prorrogados. También es el porcentaje de subida que el Ejecutivo español ha comunicado a las autoridades europeas sobre las grandes líneas de gasto que prevé para este año.

El debate discreto en la comisión del Pacto de Toledo ha saltado por los aires

Pero ese sistema de debate en la comisión saltó por los aires cuando se empezaron a hacer públicas propuestas por parte de líderes políticos sobre pensiones. Se estrenó el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con su propuesta de crear un nuevo impuesto a la banca con un objetivo finalista dedicado precisamente a garantizar el equilibrio de la Seguridad Social. La medida forma parte de un paquete más amplio de un plan socialista para mejorar las condiciones de vida de los españoles tras un decenio de crisis, pero la discusión pública se ha centrado prácticamente solo en el tema de las pensiones.

El Gobierno no estaba dispuesto a perder protagonismo en este tema, y le faltó tiempo para hacer pública una propuesta que el PP había puesto sobre la discreta, hasta entonces, comisión del Pacto de Toledo: ampliar voluntariamente a toda la vida laboral las base de cálculo de las cotizaciones para obtener la pensión, con el objetivo de poder aprovechar los mejores años de cotización que en muchos casos no eran precisamente los de los 10 últimos años de crisis económica.

La batalla por el voto de los pensionistas está servida. Frente al que propone un nuevo impuesto, que aunque sea a la banca  los ciudadanos siempre piensan que acabará repercutiéndoles a ellos de alguna manera, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se erigió como la defensora de una mejor pensión para el que haya cotizado más. El problema es que esta propuesta debería madurarse mucho más (o quizá en realidad ya lo está) porque puede acabar provocando que la mayoría de estas prestaciones públicas no aumenten por encima del 0,25% anual durante muchos ejercicios, si se mantienen las fórmulas de cálculo previstas en el sistema vigente, como calculan algunos especialistas en pensiones. El tema es demasiado serio para que se convierta en una guerra de propuestas improvisadas o poco explicadas y sería bueno que el debate vuelva a la Comisión del Pacto de Toledo, y que ésta a la vez acelere sus conclusiones. De momento, la hucha ya está casi vacía

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