La corrupción frena la convergencia en la UE

La corrupción, la debilidad del Estado de derecho y la baja calidad institucional han sido uno de los factores clave que han impedido a España, Italia, Grecia y Portugal una mayor convergencia económica en la eurozona, revela un informe monográfico del Banco Central Europeo (BCE) del pasado diciembre. Además de abordar los déficits estructurales y de productividad, el estudio 'Real Convergence in the euro area: a long term perspective' destaca que "las diferencias institucionales explican en gran medida el relativo resultado a largo plazo del producto interior bruto (PIB) de los países europeos", ya que existe una "fuerte correlación entre el nivel de PIB per cápita y la calidad institucional general" del país.

Casi dos décadas después de la creación del euro en 1999, el BCE constata que la esperada convergencia apenas se ha producido en países como España y Portugal, mientras que se ha registrado un retroceso en otros, como Italia y Grecia. La reducción de distancias respecto al núcleo de la eurozona de España y Grecia durante los primeros años del euro se produjo sobre las bases ficticias de una burbuja financiera e inmobiliaria y sufrió un profundo retroceso con la crisis, mientras que Italia ha dejado de formar parte de los países con un nivel de renta superior a la media para quedar situado por debajo.

La convergencia económica que se ha producido en la Unión Europea (UE) ha sido fruto de la incorporación del derecho comunitario y la integración del país en el mercado único más que por la pertenencia al euro, tanto en los países del sur como en los nuevos miembros del Este, precisa el BCE. España inició un suave proceso de convergencia en nivel de renta desde su adhesión a la UE en 1986 que se detuvo en el 2006 y se desplomó con la crisis, mientras que en Portugal el proceso de convergencia se frenó a mediados de los 90.

Problemas endémicos

Los rasgos estructurales de España, Italia, Portugal y Grecia también han frenado la convergencia debido a su baja productividad, señala el BCE. En el caso de España, el informe precisa que a sus problemas endémicos de elevado porcentaje de trabajadores poco cualificados, baja inversión en investigación y entorno desfavorable para la actividad económica se añaden la priorización y la asignación de la inversión y los recursos financieros a actividades con baja productividad y uso intensivo de mano de obra (construcción y servicios).

La aportación novedosa del estudio del BCE es su reconocimiento del papel clave que desempeñan la corrupción y la baja calidad institucional en el freno del progreso económico de los países occidentales de la UE, ya que estos factores apenas pesan o no aparecen en las recomendaciones anuales de la Comisión Europea a cada estado miembro. La Comisión Europea incluso anuló abruptamente en el 2017 la publicación del previsto informe sobre la corrupción en los países de la UE, pese a que en el 2014 había cifrado en 120.000 millones de euros anuales el coste directo de la corrupción en la UE.

Coste global multimillonario

Un estudio posterior de RAND Europa, encargado por el Parlamento Europeo, estimó en el 2016 que el coste global de la corrupción, incluyendo efectos directos e indirectos, podía llegar hasta 990.000 millones anuales en la UE y que en España podía alcanzar hasta el 9,5% del PIB. Ya en 1999, Hrishikesh D. Vinod calculó que un acto de corrupción de 1 dólar imponía un sobrecoste a la economía nacional de 1,67 dólares.  

En España, los indicadores de gobernanza del Banco Mundial muestran un sostenido y marcado retroceso desde 1998 en el control de la corrupción, el Estado de derecho y la calidad democrática (libertades, transparencia política, intereses ocultos, credibilidad y rendimiento de cuentas de los gobernantes).

Crecimiento inferior

El BCE destaca que España, Italia, Grecia y Portugal experimentaron un crecimiento del PIB per cápita de 1999 al 2015 muy inferior al que habría cabido esperar en función de su punto de partida, a diferencia de lo que pasó en otros países del euro, incluida Irlanda que también sufrió una grave crisis financiera. El BCE atribuye este peor resultado al deterioro general de su calidad institucional en los años previos a la crisis.

El informe subraya que "sorprendentemente" los indicadores de buen gobierno empeoraron en España y Grecia incluso después de la intervención y tutela del Eurogrupo y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin duda contribuyó a ello que esos programas de intervención no incluían medidas anticorrupción, ni depuraciones de responsabilidades, pese a que la crisis fue más grave en esos países por la pasividad de los órganos de control y la connivencia entre políticos, financieros y promotores inmobiliarios.