Año nuevo, precios nuevos

El nuevo año 2018 empieza con hábitos del pasado, que algunos ya casi habíamos olvidado en estos tiempos de crisis. En los primeros días de enero han proliferado los anuncios de aumento en los precios regulados, algunos de los cuales se habían mantenido congelados.

Tras dos años sin variación, los peajes en la concurrida autopista AP-7 aumentan el 2% en el 2018, como el resto de vías de pago de la Generalitat y del Estado. A pesar de sus 50 años de historia, parece aún necesaria esta subida para compensar al operador. De igual manera, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona justifica un aumento del 2% en los costes de los billetes, tras años sin cambios, por la insuficiente financiación pública.

Se repiten las subidas de precios en otros ámbitos, como en el gas y el agua. En el primer caso, las Tarifas de Último Recurso (TUR) prevén aumentos del 5-6%, mientras el agua podría subir hasta un 4% en Barcelona, tras una polémica alza en las tarifas de la empresa ATLL. Por su parte, el anuncio de no tocar los peajes eléctricos se diluye en un perverso marco regulatorio, marcado por la escasa transparencia del mercado mayorista ('pool'), los aumentos previos en los peajes y la penalización del autoconsumo y las renovables, fenómenos que PIMEC ha denunciado en repetidas ocasiones.

La mejora en los precios regulados está por encima de la variación de un IPC que ni siquiera alcanzó el 2% en el 2017 y cabría preguntarse si refleja aumentos reales en los costes de provisión de los servicios. Desgraciadamente las pymes que, como los consumidores, soportan estos costes crecientes, no pueden normalmente repercutirlos sobre sus propios precios y los ciudadanos en general sufren una perdida adquisitiva si recordamos las restricciones salariales de los últimos años, a causa de la crisis.  

El entorno competitivo global en que operan la inmensa mayoría de nuestros empresarios industriales, así como, en el caso de los servicios, el auge de internet y nuevas fórmulas de venta (desde el 'lowcost' a la economía colaborativa) erosionan los márgenes y favorecen la disciplina de precios.

Es evidente que las grandes infraestructuras – desde una central eléctrica hasta una autopista- exigen predictibilidad y estabilidad en sus ingresos para garantizar la confianza de los inversores, pero también deberíamos buscar una cierta estabilidad competitiva para nuestras pymes. Sin embargo, la figura del 'concesionario' alcanza en España una relevancia inusitada y goza de una atención y protección sin paragón en Europa. El caso del Almacén Castor constituye una clara y polémica muestra de esta anormal situación, donde siempre han primado los intereses de la oferta frente a la demanda.

Si bien los activos de la primera eléctrica española alcanzan un valor de 30.000 millones de euros, no es menos cierto que las 80.000 pymes catalanas, por ejemplo, acumulan activos por importe de 130.000 millones de euros, según nuestro 'Anuario de la Pyme'. Así pues, el lado de la demanda también debe ser tenido en cuenta. Por otro lado, la preocupación por asegurar los rendimientos a las grandes eléctricas que han manifestado los distintos gobiernos españoles, contrasta con el desprecio que han recibido los pequeños propietarios de activos vinculados a las energías renovables.

El nuevo año se estrena pues con nuevos precios al alza, mala noticia para pymes, autónomos y ciudadanos, mientras sigue pendiente en España una profunda reflexión sobre la vieja cuestión de las infraestructuras, su financiación y su regulación, que evite a empresarios y consumidores cargar con unos costes crecientes y cada vez menos asequibles y justificables.