Rectificar es de sabios

Se esgrime estos días con cierta irresponsabilidad un concepto diría que inconstitucional como es el del escarmiento

Puigdemont y Junqueras se dirigen, este marte, a la reunión del Govern.

Puigdemont y Junqueras se dirigen, este marte, a la reunión del Govern. / periodico

Albert Sáez

Albert Sáez

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Quizás no estaría de más que alguien, desde posiciones ideológicas antagonistas, destacara estos días que los independentistas que renuncian a la vía unilateral y se comprometen a perseguir sus objetivos están simplemente rectificando. Ni renuncian, ni se retractan ni reniegan ni traicionan. Obviamente asumen sus responsabilidades y deberán continuar haciéndolo ante los tribunales por los delitos que se les acusa y ante sus electores por las promesas que hicieron. Recordemos que el arrepentimiento, en determinados supuestos penales, no es en ningún caso ni un eximente ni un atenuante. Y que el régimen penal español ni siquiera contempla los beneficios penales para los arrepentidos. La rectificación de los dirigentes catalanes parece tener como único objetivo el eludir la prisión provisional que, de manera seria, solo puede sustentarse por el riesgo de reiteración del delito al haber sido reelegidos algunos de ellos como diputados. Claro es el propósito e inútil, de momento, el empeño. Fundamentalmente por el efecto espejo del president Puigdemont que sigue empeñado en restablecer su gobierno tras pasarlo por las urnas.

Lo curioso de este episodio es el concepto que banalmente va inoculándose de "escarmiento". Diría que es un concepto jurídico inconstitucional e incluso más propio del Antiguo Testamento que del Nuevo. Huele más a venganza que a justicia. Y una parte de la opinión pública parece asumirlo con la misma frivolidad con la que los independentistas asumieron el de "desconexión", con las consecuencias de sobra conocidas. Como apela el president Mas, en público, y muchos otros independentistas en privado, es el momento de retomar el principio de realidad, roto el 27-S cuando una victoria electoral fue malinterpretada como un mandato plebiscitario. Con ello empezó todo. Pero este realismo debería igualmente acompañarse del simétrico: un Estado democrático no se construye en un auto del Tribunal Supremo ni en una sentencia del Constitucional. Son condiciones necesarias -cosa que obviaron los independentistas en otoño- pero no suficientes. No hace falta renegar de ello, basta la sabiduría de rectificar.