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La furgoneta que condujo a los políticos ante el Tribunal Supremo, ayer.

Dura lex, sed lex

Joaquim Coll

Sin el miedo a la cárcel, los políticos independentistas seguirían en sus trece unilateralistas

"La ley es dura pero es ley", sería la traducción de esa máxima jurídica latina que expresa la necesidad de respetar y aplicar la ley, aunque nos parezca rigurosa o excesiva, porque es positiva para la sociedad. Y un claro ejemplo de su efectividad lo tenemos hoy en Catalunya. Seamos sinceros. Una cosa es no desear mal a nadie y otra negar la evidencia de que es solo gracias a la acción de la justicia que los líderes independentistas están renunciando a la unilateralidad. Muchos no quieren admitirlo públicamente pero es así. ¿Y eso es bueno? Por supuesto. No ha habido nada más antidemocrático en los últimos 40 años que el proyecto separatista de la pasada legislatura. El intento por imponer mediante vías de hecho un deseo que no es socialmente mayoritario y que, por tanto, no solo era ilegal sino también ilegítimo. Una pretensión que ha fracturado y violentado a la sociedad catalana.

El jueves, tanto los líderes de las entidades soberanistas, los 'Jordis' (Sànchez y Cuixart), como el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn renegaron ante el Tribunal Supremo del referéndum unilateral, la DUI y acataron explícitamente el orden constitucional. Fueron mucho más allá en su renuncia de lo que el 'exvicepresident' Oriol Junqueras declaró la semana anterior para intentar salir de la cárcel, poniendo solo como garantía su compromiso con la paz, el civismo o sus convicciones religiosas. Como no hizo ninguna declaración en la que afirmara abandonar el enfrentamiento con el Estado para lograr la independencia, los magistrados interpretaron que persistía el riesgo de reiteración delictiva. Ojalá el arrepentimiento de los primeros sea real y les sirva ahora para salir de prisión, aunque hay que precisar que en la práctica judicial española la privación preventiva de libertad no es una medida excepcional cuando el acusado se enfrenta a penas elevadas de cárcel, como es el caso de los exdirigentes de la ANC y Òmnium acusados de delitos de rebelión y sedición. Se entiende que hay un riesgo elevado de fuga y, en este sentido, la huida de Carles Puigdemont con su ficción de Govern en el exilio no les ayuda. Salgan a la calle o no, en sus últimas declaraciones los acusados han confirmando la tesis de la Fiscalía y del juez Pablo Llarena: la existencia de un plan para alcanzar la secesión por medios ilegítimos.

Estos días se escucha decir que mientras haya políticos en la cárcel o procesados no se podrá normalizar la vida institucional catalana. Sin duda es una situación anómala, indeseable, pero seamos también sinceros. Solo ha habido dos cosas que han serenado los ánimos: la aplicación del artículo 155 y la acción de la justicia, que no son más que la defensa del Estado de derecho. Sin el miedo a la cárcel, los políticos independentistas seguirían en sus trece unilateralistas para la legislatura que empezamos. La desbandada que se está produciendo en sus filas, empezando por la significativa renuncia al escaño de Carles Mundó, así lo indica. Para la normalización democrática en Catalunya la máxima 'sed lex, dura lex' no es suficiente pero sí imprescindible.

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