El inevitable respeto de la ley

A una semana de la constitución del Parlament, la incertidumbre sigue siendo muy alta. El programa secesionista fracasó con estrépito (y ridículo) el pasado 26 de octubre. Pero en las elecciones el independentismo tuvo el 47,5% de los votos lo que le permitió, aunque bajando y por los pelos, conservar con 70 diputados (66 sin las CUP) la mayoría absoluta.

Un panorama endiablado. De empate interno permanente en Catalunya ya que los independentistas suman más diputados que los no separatistas, pero menos votos, lo que exigiría que las fuerzas responsables intentaran rebajar el grado de conflicto y no incrementarlo. El Gobierno de Rajoy proclama que la mayoría parlamentaria puede gobernar, pero respetando la ley. Tiene razón. Es así. Pero también debería saber que con el 47,5% de voto secesionista la exclusiva aplicación de la ley -y del código penal con rigor- puede hacer prevalecer el orden jurídico pero difícilmente arreglará el conflicto. Vivir con la primera autonomía, por su peso en el PIB, en estado de agitación crónica, no es bueno ni para Cataluña ni para España.

Algún indicio positivo

Pero el desbloqueo será imposible si los que tienen mayoría para formar gobierno insisten, directa u oblicuamente, en situarse al margen del orden constitucional y jurídico. Ha habido algún indicio positivo. El exconseller quizá la personalidad secesionista con más prestigio intelectual, recomienda una pausa, una legislatura dentro de la ley y que dure cuatro años. El president Mas, el principal culpable de convertir el independentismo en el programa único, ha reconocido en su despedida que con el 47,5% de los votos no hay ni autoridad moral ni fuerza para volver a quebrar la legalidad. El problema es que solo se entiende por la impotencia (la derrota) que lo que creía que se podía hacer con el 47,7% de los votos en el 2015 diga ahora que es imposible con el 47,5%.

Quizá es por eso los que se olvidan de Arrimadas y creen haber tenido un gran éxito -el grupo de Puigdemont en la lógica del exilio (pero no contra Franco sino contra una democracia europea) y algunos dirigentes de ERC- no cambian de chip. Pretender elegir un presidente que reside en Bruselas y no puede acudir al Parlament (además mientras Oriol Junqueras está en prisión por someterse a la legalidad), es volver a escoger el camino de la ilegalidad y del enfrentamiento interno en Catalunya y con el Gobierno de España. Sería reincidir en las nefastas jornadas del 6 y 7 de septiembre e ignorar sus negativas consecuencias.

Y ese es el mensaje que emerge del pacto a medias (medio confirmado, medio desmentido) de la cena del martes entre Puigdemont y Marta Rovira. Si el secesionismo se cree por encima de la legalidad, no se arreglará nada. Un Gobierno no puede vivir fuera de la ley. Ni algunos días fuera de la ley. Es seguramente es por eso que Carles Mundó, que ya aceptó la DUI en octubre sabiendo que era un gran error y que era el tapado de ERC para presidir el Parlament, ha optado por no recoger el acta de diputado.