173 razones diarias para una ley de vivienda ciudadana

Un contrato de alquiler que no nos renuevan. Precios imposibles. Una mudanza forzada. Un laberinto de dificultades para acceder a una vivienda pública. Un banco que nos estafa con cláusulas abusivas. Son situaciones con las que nos identificamos. Situaciones por las que pasan también nuestras compañeras de trabajo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas. Hoy, vivir bajo un techo seguro se ha convertido en un privilegio.

Es una debacle, que tiene responsables y responsabilidades en los Gobiernos de turno del PP y del PSOE. Ambos Gobiernos, ya antes de que protagonizaran los rescates a la banca, favorecieron a los bancos convirtiendo el alquiler en una opción cara e inestable. La lógica era sencilla: conforme más difícil sea vivir de alquiler, más forzarían a las familias a endeudarse con hipotecas basura. Y así fue como entre ambos Gobiernos desaparecieron los contratos indefinidos de renta antigua, se redujo la duración mínima de los contratos a tres años y se desvincularon los precios de alquiler del IPC. 

Precios que suben como la espuma

Es decir, la emergencia que durante la crisis sufrieron las familias, siendo incapaces de pagar hipotecas abusivas, continúa y se replica ahora con los alquileres. La falta de un parque público de vivienda imposibilita equilibrar los precios del mercado, que siguen subiendo como la espuma: disparados más de un 30% desde 2013. En ciudades como Barcelona y Madrid, más de la mitad de los ingresos de quienes viven de alquiler, se destinan a pagar la vivienda. Como resultado, el alquiler no puede contemplarse como modo de vida.

La emergencia que sufrieron las familias durante a crisis se replica ahora con los alquileres

Hoy en día, los alquileres son de los más cortos en toda la Unión Europea y sus precios no refieren a absolutamente ningún índice que mida la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. Y esto ocurre, mientras en otros países como Alemania y Francia existen índices de referencia que marcan el precio de los alquileres para que estos sean asequibles y accesibles. Índices que se basan en la localización de la vivienda, características y la antigüedad. 

Sin un parque público de vivienda

Y la consecuencia de dificultar el acceso a un bien de primera necesidad como es la vivienda, es que las familias ya no pueden vivir de manera regularizada en una casa. Ni mediante hipotecas, ni mediante alquiler. Y lo peor de todo, es que cuando 173 familias son desahuciadas cada día, no existe un parque público de vivienda donde realojarlas. El parque público del estado español no llega ni a un 2%, mientras en el resto de la Unión Europea la media mínima es del 15%. Y esta carencia no es casual. De nuevo, fue la connivencia entre el PP, el PSOE y la banca, que derivó a una falta de políticas para aumentar el parque público, y seguir forzando a las familias a endeudarse para costearse un hogar.

A estas 173 familias que se quedan en la calle cada día, incapaces de acceder a una vivienda en propiedad, en alquiler o mediante un realojo en una vivienda pública, solo les queda una durísima elección: o vivir en la calle con sus hijos, u ocupar un piso vacío. Dicho de manera más clara, las políticas del PP y del PSOE en materia de vivienda han promovido un estado de emergencia que aboca a las familias a la ocupación por necesidad. Sin embargo, la ciudadanía nunca quedó parada para ver cómo se vulneran derechos intrínsecos en las personas. 

No hay ninguna justificación para que se vete en el Congreso un debate democrático sobre un tema tan vital

Como bien sabemos, durante todos estos años quien visibilizó el drama de los desahucios fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y siempre lo ha hecho poniendo soluciones sobre la mesa. Recientemente sus propuestas se han recogido en un texto de ley llamado la Ley Vivienda PAH: es decir, todas las pequeñas victorias que durante estos nueve años de vida han logrado, se quieren extender al conjunto de la ciudadanía. Registrada en el Congreso de los Diputados, plantea soluciones de puro sentido común. 

Un bien de primera necesidad

Acabar con las deudas impagables de por vida al entregar la casa, conseguir alquileres asequibles, realojar a las familias vulnerables en viviendas vacías de la banca y acabar con los cortes de suministros básicos. Lógica aplastante. Medidas que no solo solventan la emergencia habitacional de hoy, sino que coloca las bases de un nuevo modelo que garantice el derecho a la vivienda. Un modelo en el que ninguna familia tenga nunca más que tener dificultades para llegar a fin de mes y alimentar a sus hijos por costear un bien de primera necesidad como es la vivienda.

Ahora que esta ley ha sido registrada, el Gobierno del PP tendrá hasta el 8 de marzo para decidir si permitirá que se debata en el Congreso. Su amenaza más directa es interponer un veto a esta propuesta de ley, con el apoyo del grupo de Ciudadanos, bajo justificación de que afecta a los Presupuestos Generales en vigencia. Sin embargo, esta ley está pensada para que, si se considera que alguna de sus medidas afecte a los presupuestos en vigencia, estas se apliquen en los próximos presupuestos. De cualquiera de las maneras, no existe ninguna justificación para vetar que exista un debate democrático en el Congreso alrededor de un tema tan vital para las familias como es tener un hogar. Mientras tanto, cada día hay 173 razones para adelantar lo antes posible este debate.