Chile, otro escándalo en los Maristas

Tras el escándalo de pederastia en el entorno de colegios maristas de Barcelona y Badalona que EL PERIODICO sacó a la luz en el 2016, llega un caso similar al otro lado del Atlántico. En Chile, al menos siete hermanos maristas, cuatro de ellos de origen español, están siendo investigados por delitos cometidos en cinco centros de la organización religiosa entre 1970 y 2010 sobre más de 30 víctimas, alumnos de sus colegios. 

Los Hermanos Maristas han tenido desde hace más de un siglo una fuerte raigambre en España y su historia se entrelaza desde los inicios con Latinoamérica. En 1886 llegaron a Girona como punto de partida, por la proximidad con Francia, para aprender el idioma y desembarcar en el nuevo continente. Aun así, lo cierto es que se asentaron en la ciudad y más tarde en todo el territorio español, a causa de las circunstancias adversas en la República francesa, de la que fueron expulsados en 1903, justo el año en que iniciaron la aventura sudamericana en Argentina. En 1911 llegaron a Chile. Más tarde, en 1951, se creó en España, en Palencia y Valladolid, el llamado Juniorado Hispanoamericano, para captar vocaciones. 

En esta relación intensa, con una gran influencia española, se han reproducido los esquemas de abusos sexuales que en su día ya denunció EL PERIODICO, en un trabajo de investigación que mereció varios premios, entre ellos el prestigioso Ortega y Gasset. Lo que pasó aquí también ocurrió en Chile, con idénticas prácticas y con la misma impunidad, auspiciada además por un entorno represivo institucional en plena dictadura pinochetista. Si en Barcelona el detonante fue Joaquim Benítez, en el país andino ha sido el hermano Abel Pérez, un profesor de matemáticas que los Maristas ocultaron en una residencia del instituto religioso, sin informar a las autoridades de unos hechos que ellos conocían como mínimo desde el 2010.

Más allá de la acción de la justicia contra los criminales, que puede verse restringida penalmente por la prescripción del delito, conviene denunciar, en todas partes, la política de encubrimiento que atañe a la institución. La luz sobre casos tan dramáticos y lacerantes, como son los que afectan a menores de edad, exige también la asunción de responsabilidades por la Iglesia católica en su conjunto. Es el único camino para que no vuelva a repetirse nunca más.