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EDITORIAL

La factura sin fin del Castor

Mientras el Ministerio de Energía estudia el fallo del Tribunal Constitucional, el decreto de cánones del gas aún prevé el pago de la indemnización

Imagen de la plataforma del Castor, en aguas del Montsià.

Imagen de la plataforma del Castor, en aguas del Montsià. / JOAN REVILLAS

Una media de 1,75 euros al mes en el recibo del gas durante 28 años más es lo que seguirán pagando los usuarios como compensación por el cierre del almacén Castor al menos hasta que el Gobierno aplique el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el decreto-ley con el cual el Ejecutivo fijaba la indemnización por la suspensión de la actividad del almacén. El Ministerio de Energía asegura que aún estudia las repercusiones de ese fallo pero, mientras llega a alguna conclusión, lo cierto es que el sistema de pago declarado anticonstitucional se mantiene a través del real decreto de peajes y cánones del sector del gas que entró en vigor el 1 de enero.

Gracias al enrevesado sistema que el Gobierno ideó en el 2014 para que la compensación de 1.350 millones que debía recibir la sociedad concesionaria Escal (controlada en el 66% por la ACS de Florentino Pérez) no contabilizara como déficit, el montante que ahora deben pagar los usuarios asciende a más de 4.700 millones de euros durante 30 años. Esta es la cantidad a la que tienen derecho el Banco Santander, Bankia y CaixaBank, que fueron los ganadores de una licitación convocada por el antiguo Ministerio de Industria para asumir el pago de la indemnización. Los bancos adelantaron el dinero y ahora deben ingresar la cantidad con un interés anual del 4,27%. 

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La onerosa factura del Castor parece no tener fin. Concebido para almacenar grandes cantidades de combustible, sus operaciones quedaron suspendidas en el 2013 al comprobarse su relación con cerca de mil seísmos en el norte de Castellón y el sur de Tarragona. Tras el fiasco técnico, vino el político: por la vía urgente de un decreto (urgencia que solo sentía la sociedad concesionaria, que debía devolver los fondos a los bonistas que financiaron el proyecto), el Gobierno estableció el sistema de indemnización y pagó a la concesionaria. Luego llegó la sentencia del TC.

Ya que hasta ahora nadie ha asumido responsabilidades por tamaño despropósito, conviene que este Gobierno –que en otros asuntos ha empuñado, con razón, la bandera del respeto a la ley y a los fallos del TC– busque con rapidez una fórmula para cumplir la sentencia, asumir sus responsabilidades y dar carpetazo de una vez al escándalo de la forma menos gravosa posible para el consumidor y el contribuyente.

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